SAO PAULO, 3 Nov. (Notimérica) -
Desde el pasado 26 de octubre, después de conocerse los resultados del escrutinio de las elecciones presidenciales en Brasil, una pequeña parte del pueblo alzó la voz clamando por la división del país - separando los estados del norte y noroeste de los estados del sur - o solicitando el impeachment (impugnación de mandato) de la recién reelecta presidente de la República de Brasil, Dilma Rousseff.
Las elecciones, sobre todo la segunda vuelta, estuvo repleta de acusaciones y enfrentamientos entre la representante del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff y su adversario político el Aécio Neves.
Las manifestaciones de junio de 2013, que pedían cambios en la política de Brasil, parecía que auguraban un destino diferente del que se llegó el pasado 26 de octubre.
Desde que se publicaron los resultados, que dieron otros cuatro años de mandato a Rousseff, pequeños grupos han salido a la calle solicitando el impeachment de la presidente y la vuelta de los militares al poder.
El impeachment o la impugnación de mandato es un término que se utiliza para invalidar al jefe de estado del Poder Ejecutivo debiendo ser aprobado por el Congreso Nacional.
El término que se ha vuelto a poner de moda en Brasil tiene su origen en la Edad Media y fue utilizado por la primera vez contra William Latimer, en el Reino Unido.
Brasil sólo ha ejecutado el impeachment una vez en su historia. Fue hace 22 años cuando se impugnó al entonces presidente Fernando Collor de Mello, el 32º presidente del país. Collor fue destituido de su cargo por indicios de corrupción y no pudo desempeñar cargos públicos durante ocho años.
MECANISMO DEL IMPEACHMENT
En la constitución republicana brasileña de 1891 ya se contemplaba el impeachment. Un procedimiento de proceso público que aparta el presidente de la república o cualquier otra persona que ocupe un cargo do Ejecutivo, sin que este sea condenado criminalmente.
Para pedir la impugnación del jefe de estado los representantes de la sociedad civil o los propios parlamentarios deben de enviar tal petición a la Cámara Alta, que decidirá si el proceso debe ser aprobado o archivado. En caso de ser aprobado va a los parlamentarios que abren una investigación a partir de las conclusiones de un informe y de las denuncias apuradas.
En este caso, es aprobada por una mayoría de 2/3 del pleno y se crea una Comisión Especial para formular la acusación en contra del presidente o cualquier otro cargo que se deba juzgar.
La Constitución de 1988, en el artículo 85 especifica que el proceso podrá llevarse a cabo por un crimen común, en este caso, el acusado debe ser juzgado por el Tribunal Supremo Federal, o por crímenes de responsabilidad como la falta de probidad administrativa, abuso de poder o incumplimiento de las normas del poder.
En el caso del ex presidente Collor, la petición para su casación llegó de las manos de la Asociación Brasileña de Prensa, ABI por sus siglas en portugués y el Orden de los Abogados de Brasil, OAB.
Otro presidente brasileño que pasó por la sombra del impeachment fue el antecesor de Rousseff Luis Inácio Lula da Silva. Hasta tres peticiones de impeachment contra Lula han llegado a la Cámara, todas fueron archivadas por Severino Cavalcanti, presidente de la Cámara Alta de febrero a septiembre de 2005 - que renunció a su cargo para no ser revocado por estar siendo acusado de corrupción.
Lo cierto es que hasta el momento la presidenta reelecta no ha sido acusada de ningún crimen, tampoco la Cámara ha recibido ningún tipo de petición respecto el impeachment.
Insatisfecho o no el pueblo brasileño tendrá que aceptar los resultados de las elecciones aunque el PSDB, partido de Neves, tenga solicitado una auditoría de los resultados.
Según publicaba el PSDB hace menos de una semana, el partido de Neves tiene "absoluta confianza" en el proceso electoral brasileño, entretanto para tranquilizar a los electores que utilizaron las redes sociales para mostrar su insatisfación, se ha solicitado la verificación de los votos para confirmar la honradez del proceso.
Por otro lado, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ha criticado la actitud del PSDB a lo que han llamado de "antidemocrático" puesto que justifican que no se ha comprometido nada con el proceso electoral de Brasil.
El Inspector General de la Justicia Electoral de Brasil, el ministro Joao Otácio de Noronha, condenaba la solicitud argumentando de que "no hay nada que comprometa" la integridad de las elecciones e indica que el partido podrá hacer la auditoria por su cuenta utilizando los datos facilitados por el tribunal, de los que algunos son de dominio público, como por ejemplo los boletines de urna.
Brasil desde 1996 utiliza la urna electrónica para contabilizar sus votos, un proceso que el ministro Marco Aurélio Mello del Supremo Tribunal Federal y ex ministro del TSE defiende como exitoso.
Todo indica que el TSE rechazará la solicitud del partido de Neves el próximo martes.
Según ha contrastado Notimérica con el Tribunal Superior Electoral, de acuerdo con la Ley de las Elecciones (Ley9.504/97) el fraude es considerado cuando "el candidato dona, ofrece, promete o entrega (algo) al elector con la finalidad de obtención de votos, o ventaja personal de cualquier naturaleza". Este fraude está penado con una multa que va desde los 1.064,10 reales a los 53.025,00 reales (entre 428 y 21.400 dólares), además le puede llevar a "la cancelación de la inscripción o diploma, observado el procedimiento previsto en los artículos I a XIII de arte. 22 de la Ley Complementar nº 64/90 (Ley nº 9.504/97, art. 41-A).
En un supuesto caso de que el partido de Aécio lograra certificar un fraude electoral, como la ley brasileña no tiene previsto una tercera vuelta, la elección quedaría anulada y habría dos opciones: o asumiría el cargo el segundo seleccionado o se deberían de celebrar unas nuevas elecciones, según explica el TSE.
En medio de las dudas y teorías de conspiración Rousseff sigue su rutina, a la que ha vuelto enfrentándose a los problemas para aprobar en el Congreso su prometida y esperada reforma política.
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