MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Poder Judicial de Perú ha anunciado este lunes que el 4 de marzo comenzará el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por los delitos de rebelión y abuso de autoridad en relación a los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando presionado por el Congreso anunció su disolución y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas.
El juicio comenzará a las 9.00 horas (hora local) y se llevará a cabo tres veces por semana en forma presencial y virtual desde la cárcel de Barbadillo, en Ate, donde se encuentra Castillo en prisión preventiva desde hace más de dos años.
También están citados en calidad de coautores de rebelión la ex primera ministra Betssy Chávez, el ex primer ministro y extitular de Justicia Aníbal Torres, los exministros Willy Huerta y Helbert Palomino, y otros tres acusados, según reza el documento.
La Fiscalía de Perú había solicitado para el exjefe de Estado 34 años de prisión, así como una inhabilitación de 3,5 años y el pago de 65.419 soles peruanos (17.100 euros) como reparación civil en favor del Estado. Para Chávez y el resto de coacusados, el Ministerio Público había pedido 25 años de prisión, inhabilitación de 2,5 años y el pago de 64.400 soles (16.800 euros).
El expresidente se encuentra detenido después de que el 7 de diciembre de 2022 anunciara la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Su decreto, que no recabó ningún apoyo, terminó por llevar al Parlamento a apoyar una moción de censura en su contra y a su posterior detención por la Policía.
La inestabilidad política durante el mandato de Castillo quedó manifiesta en los cinco equipos de gobierno --con más de 70 ministros-- que tuvo en solo 16 meses. Incapaz de dotar de estabilidad y rumbo al país, tuvo que vérselas además con un Congreso hostil, perdiendo incluso el apoyo de su propio partido, Perú Libre.
El cese de Castillo trajo para Perú una de sus peores crisis recientes, con casi medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas por su detención y en contra de quien tomó el mando, la que era hasta ese momento su vicepresidenta, Dina Boluarte, cuyo mandato ha quedado en entredicho.