WASHINGTON, 10 Ene. (Notimérica) -
El juez californiano William Alsup emitió este martes una medida cautelar que obliga al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a reactivar parcialmente el plan DACA (Acción Diferida para los llegados en la Infancia, por sus siglas en inglés) hasta que se hayan resuelto los procesos legales pendientes todavía en diferentes tribunales del país.
Alsup calificó en su escrito de "arbitraria y caprichosa" la decisión que tomó Trump el pasado septiembre para acabar con el DACA y dar al Congreso hasta el 5 de marzo para solucionar la situación de sus beneficiarios.
El plan DACA fue promulgado en 2012, durante la presidencia de Barack Obama, y su finalidad era proteger de la deportación y otorgar un permiso de trabajo temporal a los conocidos como 'dreamers', unos 800.000 jóvenes llegados a los Estados Unidos de forma irregular durante su infancia. Con la decisión del Ejecutivo de Trump, estos jóvenes, que no conocen otro país, se exponían ahora de nuevo a ser deportados.
El dictamen del juez Alsup afirma que la Administración de Donald Trump tiene la obligación de seguir aceptando las solicitudes de renovación de los beneficios del DACA pertenecientes a individuos que ya estaban inscritos previamente en este programa y que ahora están perdiendo su protección. Sin embargo, el fallo del juez no obliga al Gobierno de Trump a aceptar solicitudes nuevas de personas que hasta ahora no se habían beneficiado de este programa.
GRAVES DAÑOS
La decisión del juez de la corte del distrito norte de California llegó después de estudiar las denuncias presentadas por la Universidad de California y los estados de California, Maryland, Maine y Minnesota, que acogen a unos 238.000 'dreamers' en sus territorios y que han conseguido demostrar ante el juez que no solo los beneficiarios del DACA, sino sus familias y comunidades, sufrirían graves daños de seguir adelante la extinción del programa.
Los estados pusieron de manifiesto en sus denuncias que el fin del programa DACA además de generar problemas en la vida de sus residentes, produciría graves pérdidas a sus economías afectando a muchas de sus empresas, universidades y centros de investigación en los que trabajaban ahora estos jóvenes.
Se espera que la decisión tomada por el juez Alsup, que tiene carácter temporal, sea recurrida por la Administración.