Lamenta la ausencia de cambios reales desde la llegada de Arévalo al poder pero afirma que es el último "bastión de esperanza" para lograr la democracia
Denuncia la violación de sus Derechos Humanos durante su paso por prisión y apunta a una ola de represión contra abogados y fiscales
MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
La exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Virginia Laparra ha denunciado que la corrupción en Guatemala es como "una tela de araña" en la que "tiras de un lado" y acabas destapando "literalmente cualquier cosa", al tiempo que ha alertado de que el país sigue contando con un sistema judicial que "no funciona" a pesar de la llegada al poder del presidente, Bernardo Arévalo.
Laparra, que se encuentra actualmente en el exilio tras ser condenada por segunda vez en el marco de lo que considera un claro "caso político en su contra", ha explicado que la situación ha cambiado con Arévalo, pero "no mucho", dado que el presidente "está rodeado".
"No lo dejan actuar", ha dicho en una entrevista concedida a Europa Press en la sede de Amnistía Internacional, una organización que la declaró presa de conciencia en 2022. Así se ha referido a la resistencia mostrada principalmente por el poder judicial y la Fiscalía, que han impedido que el mandatario cumpla con la que fue su mayor promesa de campaña a un año de su toma de posesión.
"Hicieron desaparecer a su partido político para que los diputados del Movimiento Semilla no puedan acceder a las comisiones del Parlamento. Y él a duras penas logra mantenerse en libertad porque tiene muchos antejuicios abiertos", ha manifestado. "No importa quién seas. Si estás en contra de la corrupción eres perseguido y encarcelado. Eso es hoy Guatemala", ha aclarado.
En este sentido, ha destacado que "lo único que ha cambiado" tras su llegada al poder es que ahora Guatemala cuenta con "un solo bastión de esperanza llamado presidente" para lograr la democracia. "Ser abogado, fiscal, ser cualquier cosa que esté en contra de la corrupción es hoy en día un acto deliberadamente peligroso", ha sostenido Laparra, que pasó dos años en prisión tras ser hallada culpable de un delito de abuso de autoridad tras demandar al juez Lesther Castellanos por corrupción.
EL PAPEL DE LA FISCALÍA
Sobre la disputa entre la fiscal general, Consuelo Porras, y el propio presidente, que la acusa de "violar la Constitución e incurrir en un delito de abuso a la autoridad", Laparra afirma que "todo el mundo espera que la destituya, pero no puede hacerlo si (Arévalo) decide respetar la legalidad".
"Todos queremos que se cambie a la fiscal general, pero la forma de hacerlo es lo que hay que analizar: puede ser mediante el autoritarismo o utilizando la legalidad", ha incidido antes de rechazar, por contra, que su destitución vaya a solucionar de forma definitiva los problemas del país. "Eso no va a cambiarlo todo, pero algo sí", ha aclarado.
Con estas palabras ha aludido a la crisis desatada a raíz de las elecciones de junio de 2023, que se saldaron con la victoria de Arévalo y su partido, el Movimiento Semilla, pero se vieron seguidas por los intentos de la Fiscalía de retirar la inmunidad al presidente y suspender a su formación, a la que acusaba de haber cometido irregularidades por la obtención de supuestas firmas falsas para configurar su candidatura a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó su victoria.
Los intentos de revocar esta nueva victoria llevaron a miles de personas a salir a la calle durante los meses siguientes para mostrar su apoyo al presidente y pedir la dimisión de Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana, a los que acusaban de tratar de socavar el proceso electoral.
El propio Arévalo, antes de asumir la presidencia, acusó a Porras --que se encuentra actualmente sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea--, Curruchiche y Orellana de liderar un golpe de Estado en su contra, por lo que poco después de su llegada al cargo, el Gobierno presentó una reforma de la Ley del Ministerio Público con la vista puesta en lograr la destitución de Porras, un plan que no ha surtido efecto.
El Movimiento Semilla --que continúa suspendido-- ha seguido denunciando "mecanismos de presión" por parte de la Fiscalía contra los parlamentarios, lo que ha impedido sacar adelante este tipo de medidas.
EL CASO CONTRA LAPARRA
Laparra ha aprovechado la ocasión para asegurar que ha sido víctima de una "campaña de odio" y "persecución" por haber tratado de llevar ante la Justicia a un juez "corrupto", Castellanos, al que achaca un gran poder por haber "filtrado información sobre casos" que implicaban a figuras relevantes de la judicatura y la política guatemaltecas, entre otros.
La exjefa de la FECI ha defendido, sin embargo, que su objetivo nunca fue "pelear con jueces". "Yo armaba expedientes de investigación, no estoy para pelear con jueces sino para realizar expedientes o realizar investigaciones", ha recalcado antes de describir a Castellanos como una persona "bastante caprichosa que quiere que las cosas se hagan cuando él las pide como si fuese un niño pidiendo un dulce".
Así, ha dicho haber dudado incluso de su propia supervivencia cuando se encontraba en la cárcel --donde fue sometida a un trato inhumano, a periodos de aislamiento y a la falta de la atención médica más básica--. "Decidí morir hablando en vez de morir en silencio", ha explicado en relación con sus intentos de contar su historia desde prisión.
"Nadie quería ser mi abogado. Desde el inicio, la gente conocía de alguna manera la forma de actuar de Lesther Castellanos y nadie quería defenderme, (...) decían que estaba loco", ha relatado antes de añadir que finalmente su defensa acabó en manos de su propio hermano, también abogado.
Previamente, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria declaró que su arresto, que tuvo lugar en febrero de 2022, se produjo de manera arbitraria y exigió su puesta en libertad inmediata.
"Esta designación se da en estados autoritarios", aseveró anteriormente su abogada, Wendy López, también en una entrevista a Europa Press en la que denunció que la fiscal se encontraba en una cárcel de máxima seguridad en la que solo le permitían recibir seis visitas al año. "El Gobierno no se hace responsable de su alimentación ni de su salud", afirmó entonces.
En julio de 2024, la fiscal fue nuevamente condenada a cinco años de prisión conmutables por revelar información confidencial y a pagar una multa de 50.000 quetzales (unos 6.200 euros). Además, ha quedado inhabilitada para ejercer cargos públicos durante una década. Esta nueva sentencia la llevó a abandonar el país, donde sigue residiendo su familia.
El caso de Laparra, que ha denunciado una violación sistemática de sus Derechos Humanos, se enmarca en un contexto de represión contra numerosos abogados y fiscales, quienes siguen alertando de la incapacidad de contar con garantías para realizar su trabajo en Guatemala. En este sentido, la fiscal ha asegurado que muchos de los que se acercaban a determinados jueces "iban desapareciendo uno a uno".
Durante el Gobierno del ahora expresidente Alejandro Giammattei más de una treintena de funcionarios del Poder Judicial se exiliaron y denunciaron la "represión y persecución" de la Fiscalía tras intentar avanzar en casos de corrupción y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil guatemalteca, que tuvo lugar entre los años 1960 y 1996.