MÉXICO DF, 16 Oct. (Notimérica/EP) -
"Tengo la conciencia tranquila", aseguraba el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, tras la desaparición de 43 normalistas el pasado 26 de septiembre. Renunciaba así a presentar su dimisión, como han reclamado numerosos manifestantes, pero ahora ha optado por realizar un referéndum que le reafirme en su cargo, al conocer que el Partido de Acción Nacional (PAN) plantea que sea el Senado quien le obligue a abandonar el poder.
"Si mi renuncia resuelve el caso (de Iguala), si contribuye a darle claridad a un asunto tan delicado y condenable, no tendré ningún inconveniente", aseguró Aguirre en una rueda de prensa.
Familiares de activistas asesinados y desaparecidos en Guerrero le acusaron de conocer la violenta forma de actuar del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de no hacer nada para evitarlo.
Además, más de un millar de manifestantes reclamaron el pasado domingo en Chilpancingo, capital del estado, su dimisión por ser incapaz de mantener la seguridad en el Estado. "No tengo nada de qué avergonzarme, nunca me he manchado las manos de sangre. No me voy a ir como un asesino ni como un vil delincuente", defendió.
Sin embargo, el PAN ha solicitado que el Senado lo expulse de su cargo y sea un gobernador provisional quien ostente el poder hasta la celebración de elecciones, previstas para el próximo junio. También su partido, el PRD, le ha dado la espalda y ha defendido que debe ponderar si es pertinente que permanezca presidiendo el Gobierno de Guerrero.
"Es una evaluación que el propio gobernador tiene que estar haciendo ahora, sin duda alguna. Él tiene responsabilidad con el pueblo de Guerrero. Él sabe perfectamente lo que está ocurriendo en el Estado y espero que en estas horas esté evaluando la circunstancia de su Gobierno de manera puntual", aseguró el recién nombrado presidente del PRD, Carlos Navarrete.
Acusaciones que han hecho que el propio Aguirre tome la iniciativa y plantee un referéndum, de dudosa legalidad, para que sean los ciudadanos de Guerrero, quienes decidan sobre su continuidad en el cargo y, al mismo tiempo, evalúen su gestión de la matanza de Iguala.