CARACAS, 1 Jul. (Notimérica) -
Tres meses lleva la oposición venezolana saliendo a las calles de la capital prácticamente a diario con el fin de denunciar la crisis económica y política que vive el país. Desde el 1 de abril más de 70 personas han fallecido en estas manifestaciones públicas, que tienen la violencia como denominador común.
Desgastado ante las protestas diarias y la presión internacional, la opción elegida por Maduro para solucionar el problema ha sido la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que, en palabras del propio mandatario "es la única vía para convocar la soberanía plena del pueblo y poner las bases de la regeneración de la paz de la república".
La oposición, por su parte, no ve las luces que el presidente promete tras el proceso. La Mesa de Unidad Democrática (MUD) coalición que aglutina a los opositores, asegura que la Asamblea Nacional Constituyente, así como la Carta Magna que está dará a luz, no es más que un intento de un Maduro con muy poco apoyo social de legitimarse en el poder.
Las críticas a este proceso también existen dentro de las filas oficialistas, entre los que destaca la fiscal general Luisa Ortega, quien ha asegurado que "para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución".
Al margen de las críticas, la Asamblea Constituyente se encuentra preparada y en fase de implementación, con las elecciones en las que se elegirán a los miembros del organismo programadas para el próximo 30 de julio, según ha informado el Consejo Nacional Electoral (CNE).
LAS ELECCIONES
El primer paso que el Gobierno dará para la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, recogido en el Decreto Presidencial del 1 de mayo de 2017, es la celebración de elecciones que tendrán lugar el próximo 30 de julio.
Entre el 1 y el 2 de junio todos aquellos ciudadanos venezolanos que estuviesen interesados podían postularse como candidatos a miembros de la Asamblea, tanto sectoriales como territoriales.
Existen ciertos vetos para presentarse como candidato, relacionados con la ostentación de otro cargo público, como es el caso de presidente, vicepresidente, ministros, presidentes de institutos autonómicos, gobernadores, diputados, magistrados, concejales, fiscal general o defensor del pueblo.
Con el fin de eludir estos requisitos, Maduro ha cambiado a algunos cancilleres y ministros para que estos, que ya no se encontrarían en el cargo, puedan presentarse a las elecciones y convertirse en asambleístas.
La Asamblea estará compuesta por un total de 545 miembros, de los cuales 364 serán elegidos de forma territorial; 173 mediante ámbito sectorial, a saber: trabajadores, campesinos, pescadores, estudiantes, discapacitados, pensionados, empresarios y comunas; y 8 indígenas.
La forma de elección estará basada en la circunscripción municipal, ya que todos los municipios estarán representados por un miembro, de manera que los estados tendrán una fuerza desigual. Con este sistema, tendrá el mismo valor el voto de un municipio de 1.000 habitantes que el de uno de 300.000, restando capacidad de elección a las ciudades, donde hay un mayor apoyo a la oposición.
Esta es una de las principales críticas a la Asamblea convocada por Maduro, ya que aquellos encargados de la redacción de una nueva Constitución no serán elegidos mediante sufragio universal, sino designados de entre diversos sectores perfilados por el Gobierno.
LA CONSTITUCIÓN
Tras la celebración de elecciones y la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente, este organismo se preparará para la redacción de una nueva Carta Magna para el país, que sustituya a la de 1999.
Lejos de querer desmarcarse de su predecesor en el cargo y padre de la Constitución a sustituir, Hugo Chávez, Maduro ha destacado que este nuevo es tan solo un "perfeccionamiento" de los principios de la revolución socialista y bolivariana.
El contenido de la Constitución que redactará la Asamblea Nacional Constituyente formada tras las elecciones del 30 de julio aún no está claro, si bien se conoce que no distará mucho en su carácter socialista de la anterior. Sin embargo, Maduro ha anunciado diversos temas que se incluirán en el futuro texto constituyente.
En materia económica, el Gobierno tiene la voluntad de que la Constitución sirva para modernizar la economía del país, basando su sistema en un aumento de la productividad, la integración y la diversificación en sectores.
En cuanto a soberanía nacional, uno de los pilares maestros del nuevo texto será la constitucionalización de las Misiones y Grandes Misiones, organismos creados por el Gobierno, así como las comunas y los consejos comunales. También se plantea la defensa de la soberanía nacional y la lucha contra el intervencionismo extranjero, un factor que ha hecho mucho daño al Gobierno de Maduro.
Con respecto a la justicia, el ejecutivo ha asegurado que su objetivo con la convocatoria de la Constituyente es convertir la justicia severa para luchar contra el terrorismo y el narcotráfico en un principio constitucional y ampliar los derechos de la juventud. También se ha apuntado que el nuevo texto incluirá un apartado de lucha contra el cambio climático.
Con respecto a su aprobación, el presidente del país, Nicolás Maduro, ha asegurado que será sometida a referéndum, tras las dudas previas sobre si habría o no plebiscito.
La incógnita principal con respecto a la Carta Magna que saldrá de la Asamblea Constituyente para ser posteriormente refrendada por el pueblo venezolano es el encaje que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, tendrá en el texto, un poder que en la actualidad está prácticamente desprovisto de prerrogativas en la práctica, ya que son siempre tumbadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
ELECCIONES MUNICIPALES Y REGIONALES
Con respecto a la celebración de elecciones municipales y regionales, tras múltiples incógnitas y dilaciones, el Gobierno de Maduro ha anunciado que ambas se celebrarán el 10 de diciembre.
Estos comicios, que estaban programados para octubre de 2016, fueron aplazados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en principio para el primer trimestre de 2017, maniobra muy criticada por la oposición.
Estas elecciones, dada la baja popularidad de Maduro, podría ser un duro golpe para el oficialismo, que se ha embarcada en la redacción de una nueva Constitución con un escaso apoyo social y una inmensa masa de población volcada en salir a la calle para clamar por un cambio en el país.