SANTIAGO DE CHILE, 17 Ago. (Notimérica) -
La Corte Suprema de Chile ha ratificado la sentencia que confirma la confiscación de los bienes del que fuera dictador chileno, Augusto Pinochet, así como de 5,1 millones de dólares a sus familiares. Todo ello enmarcado en el el Caso Riggs, un juicio por malversación de fondos nacido en 2004 contra el exdictador.
En 2017 la Justicia chilena ordenó a los familiares de Pinochet devolver aquellos bienes que habían sido adquiridos a través de malversación de fondos durante el régimen y poco después la viuda del exdictador, Lucía Hiriart, presentó un recurso de nulidad argumentando que unas filtraciones del fallo en los medios de comunicación habrían entorpecido el juicio.
Sin embargo, según ha publicado el periódico 'El Mercurio', los magistrados han considerado en las últimas horas que estas filtraciones no pusieron en peligro la imparcialidad de los jueces debido a que ocurrieron después de que tuviera lugar la vista de la causa.
"La filtración, que puede ser vista como algo que va en contra de la imparcialidad de los tribunales, en la medida en que se respetó un acuerdo y el acuerdo se tiene que mantener por el ministro redactor, no se afecta los derechos de las partes", ha indicado la abogada del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, al respecto.
CASO RIGGS
El Caso Riggs nació en 2004 a raíz de una noticia publicada por el medio estadounidense 'Washington Post' en la que hablaba de un descubrimiento realizado por el Subcomité Permanente de Investigación del Senado de Estados Unidos acerca de movimientos sospechosos en el Banco Riggs, el más prestigioso de Washington.
Según esta investigación, el exdictador chileno, Augusto Pinochet, habría abierto desde 1994 un total de 125 cuentas secretas en dicho banco, habiendo atesorado en ellas hasta 21 millones de dólares.
Asimismo, la justicia chilena descubrió que el militar habría desviado más de 6 millones de gastos reservados a cuentas que mantenía en el extranjero, algunas incluso abiertas con nombres falsos.
Unos años más tarde, en 2014, el Consejo de Defensa del Estado publicó unos documentos en los que se mostraba el patrimonio correspondiente a la familia obtenido de manera ilícita.
Según el informe, la cuantía económica ascendía a los 5 millones de dólares, además de 124.566.242 dólares en instrumentos bancarios. Por otra parte, poseían tres vehículos y 24 propiedades tasadas en unos 7.3 millones. Todo ello obtenido de manera ilícita.