MÉXICO DF, 5 Nov. (Notimérica) -
En las investigaciones sobre la desaparición en Iguala de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, hubo "irregularidades graves" y también se cometieron "errores garrafales", según el informe preliminar de la Comisión Especial que investiga el hecho.
El presidente de la Comisión, el diputado José Guillermo Anaya Llamas, fue el encargado de presentar el documento, que señala que en las investigaciones sobre las desapariciones forzadas sufridas por los normalistas, no se actuó "puntualmente" como establecen los protocolos internacionales de organismos de derechos humanos, "pues en casos de este tipo, es vital la actuación de la autoridad en las primeras 72 horas".
También se apunta a la posibilidad de sanciones por omisión de todos los responsables jerárquicos y de todos aquellos "que hicieron caso omiso de su responsabilidad de proteger, cuando tuvieron noticias de los hechos que sucedían en Iguala, incluso de preverlos conociendo los antecedentes criminales del ex alcalde y de sus familiares".
A propósito del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, el informe indica que su captura y la de su esposa, "permite confiar en tener nuevos datos" que contribuyan a localizar a los jóvenes y que lleven a las autoridades a ejercer la acción penal contra sus cómplices, "aun si estos se encuentran enquistados en el gobierno".
CULPAS AL GOBIERNO
En el pleno, en el que estuvieron presentes alumnos de la Preparatoria General Nicolás Reyes Alegre, de San Matías Cocoyotla, del estado de Puebla, y alumnos y padres de familia de la escuela primaria Miguel Ángel de Quevedo, del Distrito Federal, intervinieron los distintos grupos parlamentarios, que en su mayoría culparon al Gobierno de la situación generada en Iguala.
Así, la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Agilar Gil, denunció que el Gobierno del Estado no intervino a pesar de conocer desde las seis de la tarde del día de los hechos que los estudiantes habían iniciado la visita a Iguala, y tampoco lo hizo el Ejército que no atrapó al secretario de Seguridad Pública (acusado en los hechos) ni dispuso medidas para evitar la fuga del alcalde y su esposa.
Criticó también la "criminalización" de los jóvenes desaparecidos, y calificó de "tardía" la reunión que tuvo el presidente Enrique Peña Nieto con familiares de las víctimas y el nuevo plan que emitió. También dijo que el rol de la Policía Estatal fue "lamentable", por todo lo cual considera lógico que las víctimas y los sobrevivientes no confíen en el poder público, y por ello la comisión no ha podido reunirse con ellos.
En la misma línea, la diputada Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza, señaló que el sentimiento de desconfianza hacia las instituciones no es privativo de los familiares de las víctimas sino que se extiende a la ciudadanía en general "frente a un Estado desarticulado en el que existe una gran corrupción política".
Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, dijo que la respuesta y el manejo que se le ha dado a la actual crisis por la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas ocurrida entre el 26 y el 27 de septiembre, ha puesto al descubierto "la ausencia de protocolos y acciones del Estado mexicano ante las graves violaciones a los derechos humanos".
"La justicia se sigue impartiendo por consigna y por amiguismo; es el botín político de unos y la ruina de otros. La destitución de personajes incómodos y una disculpa mustia para las víctimas y sus familias", dijo el diputado, quien denunció que a más de un mes de la desaparición forzada de los normalistas, "queda claro que el gobierno federal encabeza un gobierno que miente, que maquilla los hechos y que ha hecho hasta lo imposible porque no se tipifiquen estos hechos como delito de lesa humanidad".
Tras afirmar que "existe una fuerte complicidad del poder con lo sucedido en Ayotzinapa", se preguntó "cómo alguien como Peña Nieto puede aspirar a ser un gran estadista y a publicitarse internacionalmente, cuando en México existe una violación sistemática de los derechos humanos".
Además señaló que "la realidad no sólo está en Guerrero, está en la Sierra Tarahumara, en los municipios indígenas de Oaxaca, en los cientos de mujeres asesinadas en el estado de México, Chihuahua, Guanajuato. Nuestro país enfrenta una ola de salvajismo como nunca antes", sentenció.
PRD: "ESTA PAREJA NO SE MANDABA SOLA"
En su intervención, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, diputada del PRD, el partido al que representaba el ex alcalde de Iguala, dijo que los "terribles casos de las ejecuciones en Tlatlaya y los asesinatos de Iguala, de desaparición forzada de los normalistas de la Escuela Normal de Ayotzinapa, han servido dos vitrinas que claramente exponen la grave situación generalizada de corrupción, impunidad y violencia que azota a México".
Tras señalar que "buena parte de esta crisis que vive el país se debe al modelo económico que por años empobrece a millones de mexicanos", la representante perredista advirtió de que "mientras más tiempo pase sin que se ofrezcan resultados, esto será proporcional al desgaste de esa imagen falsa que han querido construir de un presidente de la República eficiente".
Además destacó que el PRD no quiere que se "insista en la tesis ahora creada y maquillada de la pareja solitaria", dijo en referencia al ex alcalde de Iguala, Jose Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, acusados por la desaparición de los 43 estudiantes en dicho municipio.
"Sabemos que existen responsables arriba de ese presidente municipal y complicidades de autoridades de inteligencia del gobierno federal, tanto en el ámbito formal como en el de las estructuras delincuenciales", dijo la diputada del PRD, quien afirmó que "esta pareja no se manda ni se mandaba sola, actúa en contubernio con otras autoridades y se debe de investigar y se debe de castigar", concluyó.
Por su parte, el diputado José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, señaló que en el caso de los estudiantes atacados y desaparecidos, "sale a la luz pública una serie de deficiencias, olvidos y complicidades que debieron desaparecer hace mucho tiempo en nuestro país".
Apuntó así a la existencia de "policías coludidos con el crimen organizado", y a "autoridades municipales corruptas", y pidió que se depure la responsabilidad de las autoridades gubernamentales, advirtiendo de que la desaparición forzada de personas "es práctica de gobiernos totalitarios".
PRI PIDE "NO POLITIZAR"
En distinto sentido se expresó Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien defendió la actuación del Gobierno federal en el caso de Iguala y advirtió de que "lo peor siempre de una investigación" es "politizarla", por lo que pidió "no perder de vista lo prioritario", que es encontrar a los 43 estudiantes.
A su vez Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México, criticó que "algunos partidos que propusieron ese gobierno", no han querido asumir la responsabilidad y "se han cobijado tras un discurso donde ahora convocan a un acuerdo nacional".
Mientras que en los días previos, "donde tuvo mayor importancia e impacto su participación, fueron omisos, o aún más, se reunieron con los actores que ocasionaron estos conflictos sin informarle a la autoridad", dijo en posible referencia a la reunión que el expresidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, mantuvo con el alcalde de Iguala, Jose Luis Abarca, el 29 de septiembre, tres días después de la desaparición de los 43 'normalistas'.