CIUDAD DE MÉXICO, 12 May. (Reuters/EP) -
Tras más de una década combatiendo contra las bandas del narcotráfico, el Ejército mexicano está presionando para que se apruebe una ley que obligue a las autoridades civiles a volver a encargarse de la seguridad pública y que permita que los militares regresen a los cuarteles.
A finales de 2006, el expresidente Felipe Calderón comenzó a enviar miles de militares a los puntos más violentos del país para combatir contra los cárteles de la droga por la debilidad de los cuerpos de Policía.
El jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Alejandro Ramos, ha asegurado en una entrevista con Reuters que el proyecto de Ley de Seguridad Interior --que está siendo considerado por el Congreso-- obligará a las autoridades civiles a retomar sus responsabilidades.
"Nosotros no vamos a resolver el problema (de la seguridad), el problema tiene más enfoques sociales y económicos. Todo tiene que converger para revertir el problema y devolverle a las instituciones que les corresponde la capacidad de hacer suya esta situación", ha señalado Ramos.
En algunas ocasiones los militares detienen a delincuentes, pero luego los agentes del Ministerio Público no llegan o liberan al detenido eludiendo responsabilidades, según ha informado una fuente del Ejército bajo anonimato.
El Ejército tomó el control de la situación sin que existiera una ley que estableciera el rol que iban a tener cada una de las autoridades, en un país donde hay policías municipales, estatales y federales, además de policías de investigación.
RESPONSABILIDADES Y ABUSOS
"Hace falta un poco más de aplicación de la ley para que quien que no cumpla con sus responsabilidades no pueda seguir ejerciendo el cargo o sea sancionado", ha apuntado el jefe de la SEDENA.
Por su parte, el secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, aseguró hace unos meses que los militares no estaban a gusto ni estudiaron para perseguir delincuentes, además de que su función constitucional se estaba desnaturalizando.
Sin embargo, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos no apoyan el proyecto de ley, ya que temen que la norma dé carta blanca al Ejército y la Marina para cometer abusos de autoridad.
Distintas instancias de Naciones Unidas han señalado que México debe fijar una fecha para el regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles, sin embargo, los cuerpos de Policía aún no están lo suficientemente limpios como para tomar en sus manos el combate a la delincuencia organizada, según han asegurado analistas de seguridad.
Cerca de 150.000 personas han sido asesinadas desde que Calderón envió a los militares a combatir contra los cárteles de droga, que mantienen sangrientas luchas por el control de territorios y de rutas para enviar drogas a su principal mercado, Estados Unidos.