Funcionarios estadounidenses reconocen que algunos de los deportados carecen de antecedentes penales en el país norteamericano
MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha acusado este viernes a los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador de aplicar "detenciones arbitrarias" y actos de "desaparición forzosa" contra más de 200 ciudadanos venezolanos, que permanecen a menudo incomunicados tras su traslado a territorio salvadoreño en el marco de la dura política migratoria estadounidense.
Así, ha denunciado que 238 venezoalnos han sido inmediatamente transferidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel conocida por sus "condiciones abusivas", y ha señalado que las autoridades de ambos países "ni siquiera han difundido al lista oficial de personas que han sido trasladadas" a estas instalaciones.
"Estas desapariciones forzosas constituyen una grave violación del Derecho Internacional", ha dicho Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. "La crueldad de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador ha dejado a estas personas por fuera de la protección de la ley y ha causado a sus familias un dolor inmenso", ha puntualizado.
En este sentido, la organización ha instado en un comunicado a las autoridades estadounidenses a hacer pública la identidad de los venezolanos que fueron trasladados a El Salvador. "El Gobierno salvadoreño debe confirmar el paradero específico de los detenidos, revelar si existe alguna base legal para su detención y permitirles el contacto con el mundo exterior", ha recalcado.
Además, ha alertado de que los familiares de estos ciudadanos han asegurado que las autoridades de Estados Unidos les comunicaron su traslado a Venezuela y no a El Salvador. Estos trasladados se enmarcan en la aplicación por parte de la Administración de Donald Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros, supuestamente aplicada a miembros del Tren de Aragua, una organización criminal venezolana.
Sin embargo, el Gobierno estadounidense no ha presentado pruebas suficientes que establezcan la relación entre las personas deportadas y dicho grupo. Un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha reconocido en declaraciones a HRW que "muchos" de los deportados a El Salvador "no tienen antecedentes penales en Estados Unidos".
Además, la ONG ha alertado de que el Gobierno salvadoreño no ha presentado "ningún fundamento jurídico" para detener a los deportados venezolanos y no ha ofrecido ningún indicio sobre su fecha estimada de liberación, si es que existe. "Su detención parece ser totalmente arbitraria y potencialmente indefinida, una grave violación de las obligaciones de El Salvador en materia de Derechos Humanos", ha sostenido.
"Nadie debería verse en la situación de tener que juntar retazos de información de los medios de comunicación o interpretar el silencio de las autoridades para averiguar dónde están detenidos sus familiares", ha manifestado Goebertus, que ha recalcado que las autoridades salvadoreñas "deben revelar urgentemente los nombres y la ubicación de todos los detenidos trasladados desde Estados Unidos y permitir que se pongan en contacto con sus familiares".