MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Guatemala ha defendido que no ha habido ningún tipo de "amenazas" por parte de Estados Unidos para que el país centroamericano firme un polémico acuerdo migratorio que implicaría dejar a los solicitantes de asilo en territorio guatemalteco mientras se resuelven sus procesos en la potencia norteamericana.
Las directrices impuestas por la Corte Constitucional de Guatemala para la firma de este documento y las protestas sociales han enturbiado un acuerdo bilateral que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere sacar adelante a toda costa. Trump ha amenazado incluso con represalias económicas de toda índole al país centroamericano.
El acuerdo va dirigido a los migrantes salvadoreños y hondureños que llegan a Guatemala en su ruta hacia Estados Unidos, y los obliga a solicitar asilo en ese territorio y no en la frontera estadounidense, pero la ministra de Exteriores, Sandra Jovel, ha alegado que no se trata de un acuerdo de "tercer país seguro", sino de un "convenio de cooperación".
Jovel ha comparecido ante los medios junto al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, para defender que "no hubo amenazas" por parte de Washington. "No nos obligaron a firmar en ningún momento", ha afirmado, a pesar de que también ha admitido de que un hipotético desmarque supondría pérdidas para la ciudadanía guatemalteca.
La ministra ha recalcado que el acuerdo favorecerá la lucha contra la delincuencia y abrirá la puerta a que los guatemaltecos puedan optar a un visado temporal para trabajar en el sector agrícola en Estados Unidos, con vistas a que en un futuro este convenio se pueda ampliar también a los sectores de la construcción y de servicios, según el diario 'Prensa Libre'.
Según Jovel, este acuerdo permitirá luchar contra el crimen organizado, específicamente contra quienes trafican con migrantes y destacó la oportunidad que recibirán los guatemaltecos que podrán optar a una visa temporal de trabajo para el sector agrícola, pero a largo plazo para quienes trabajan en la construcción y los servicios.
Degenhart, por su parte, ha alegado que Guatemala no será "un campo de concentración" y que tanto hondureños como salvadoreños podrán moverse libremente a excepción de los controles que les impongan de forma rutinaria las autoridades migratorias. Así, ha acusado a los detractores de ser "malos guatemaltecos" por perjudicar a "millones" de personas.
El Instituto Guatemalteco de Migración calcula que, desde el 1 de enero, más de 33.000 personas han sido deportadas desde Estados Unidos en casi 300 vuelos. De mantenerse esta tendencia, las cifras al término del año superarán a las de 2018.