MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los militares ecuatorianos usarán un nuevo uniforme y equipos antidisturbios, ante la "falta de material no letal" que evidenciaron las protestas del pasado mes de octubre contra el Gobierno de Lenín Moreno por la retirada del subsidio a los combustibles.
Documentos firmados por el comandante de la Fuerza Terrestre, el general Luis Altamirano, citados por 'El Universo', reflejan compras de equipos antidisturbios por valor de 1,7 millones de dólares.
Entre las compras destaca un nuevo uniforme "tipo Robocop", según ilustra el diario ecuatoriano, que cuenta con casco, guantes y protectores de piernas, brazos, hombros y pelvis. A ello se suma un escudo de 1,20 metros de altura a prueba de impactos.
En cuanto al "material no letal" se trata de 1.000 carabinas, 12.000 cartuchos y 30.000 perdigones de goma, 15.000 granadas aturdidoras y 50.000 botes de gases lacrimógenos, así como 1.000 máscaras antigás.
"En las operaciones de apoyo a la Policía se debe considerar el uso de medios no letales que podrán ser empleados cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen el cumplimiento de la misión de Fuerzas Armadas", indican las autoridades castrenses.
El Ministerio de Defensa ha justificado las compras en la necesidad de adquirir nuevos equipos. "Producto de lo ocurrido desde el 3 al 14 de octubre se evidenció la falta de material no letal para el empleo en las operaciones contra disturbios y motines", rezan los documentos militares.
El nuevo material servirá para abastecer a 204 equipos de combate formados por 20 personas cada uno, es decir, 4.080 militares. "Este numérico representa el 15 por ciento de la totalidad del personal que se emplea en las operaciones militares de ámbito interno", precisa.
Estas adquisiciones se suman a la renovación de equipos militares iniciada por el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, que ha cerrado la compra de varios helicópteros, lanchas y un buque, entre otros vehículos.
Las protestas en Ecuador estallaron a finales de septiembre por la decisión del Gobierno de retirar los subsidios al combustible como parte del "paquetazo" de ajustes económicos exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de una inyección de 4.200 millones de dólares.
Las manifestaciones, inicialmente protagonizadas por transportistas y sindicatos, acabaron lideradas por los indígenas, que tomaron Quito hasta el punto de obligar al Gobierno a cambiar su sede a Guayaquil durante unos días.
Al menos diez personas murieron durante la ola de protestas contra Moreno, que finalmente tuvo que recuperar los subsidios al diésel y la gasolina y accedió a negociar el ajuste económico con los indígenas y otros colectivos.