MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de relatores de Naciones Unidas ha considerado "decepcionante" y "una oportunidad perdida" la decisión del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, de vetar el Código Orgánico de Salud que había aprobado la Asamblea Nacional el 25 de agosto, ya que consideran que dicho documento permitía al país avanzar en pro de la igualdad de género y el derecho a la salud.
El Código Orgánico de Salud se planteaba como una reforma a un marco legal que cuenta en la actualidad con unas 40 leyes relacionadas con el ámbito sanitario. Los avances en materia de aborto o reproducción asistida habían generado quejas en los sectores más conservadores, pero el Gobierno ha centrado su rechazo en que el nuevo texto no contempla la actual de pandemia de COVID-19.
La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic, la experta sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Tlaleng Mofokeng, el responsable de protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, y varios miembros del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas han unido sus voces para expresar su malestar con el veto de Moreno.
En un comunicado común, han reclamado que se garantice en Ecuador la igualdad de acceso a la atención sanitaria de mujeres y niñas, así como personas LGTBI, y han puesto el foco en la salud sexual y reproductiva. En este sentido, han recordado la amenaza que representa la violencia machista y la discriminación contra ciertos grupos.
"Las lagunas en la implementación de la legislación actual de salud llevan a menudo a que los proveedores de atención a la salud nieguen procedimientos confidenciales cuando una mujer o niña necesita recurrir a un aborto o anticoncepción de emergencia", han advertido los expertos.
En Ecuador, el aborto es ilegal salvo en circunstancias limitadas y se estima que hay unas 250 presas por haber solicitado un aborto o interrumpido voluntariamente un embarazo. Los expertos también han alertado de que el país tiene una de las tasas de embarazo adolescente más altas de América Latina.
En este sentido, han apuntado que "la violencia sexual sistémica, combinada con un acceso mínimo a los servicios de salud sexual y reproductiva, significa que las mujeres y niñas a menudo están expuestas a embarazos precoces, abortos inseguros y mortalidad materna".
El proyecto de ley vetado también "habría brindado mayor protección a las personas LGBTI respecto de las llamadas prácticas de 'terapia de conversión' y a los niños y niñas intersexuales respecto de procedimientos médicamente innecesarios", según los relatores.