RÍO DE JANEIRO, 18 Nov. (Notimérica) -
Los detenidos de la operación 'Lava Jato' que afecta a la empresa estatal Petrobras están llegando a acuerdos con la Justicia para confesar sus delitos, delatar a otros implicados en la trama corrupta y devolver alrededor de 423 millones de reales (162 millones de dólares), unas sumas de dinero que ya están bloqueadas en bancos de Brasil y de otros países.
La devolución de este dinero a las arcas públicas tan sólo depende de trámites burocráticos y de algunas decisiones judiciales rutinarias. Una de las cantidades más significativas es la que devolverá el ex gerente de la estatal Pedro Barusco, uno de los supuestos cómplices del ex director de Servicios Renato Duque. Se espera que, a cambio de ver reducida su condena, devuelva 253 millones de reales, alrededor de 100 millones de dólares, según informa el diario 'O Globo'.
Las devoluciones empezaron con los dos principales implicados en la primera fase de la operación 'Lava Jato', iniciada el pasado mes de marzo. El ex director de Abastecimiento, Paulo Roberto Costa, y su ex cómplice en el esquema de corrupción, Alberto Youssef, se están beneficiando de la 'declaración premiada', beneficios penitenciarios a cambio de información. El primero de ellos asumió por escrito el compromiso de devolver aproximadamente 70 millones de reales, de los que buena parte ya están bloqueados en cuentas de Suiza. Youssef, por su parte, ha asegurado que entregará otros 50 millones de reales.
De entre los detenidos el pasado viernes en la última fase de la operación destacan las promesas de devolución de los ejecutivos del Grupo Toyo Setal, una de las que supuestamente se beneficiaba de los contratos amañados. El directivo Júlio Camargo ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Público para pagar 40 millones de reales y contar cómo y con quién cerraba los contratos. Otro directivo de la misma empresa, Augusto Ribeiro, se ha mostrado dispuesto a devolver 10 millones y a informar sobre los sobornos. La mayoría de estos acuerdos aún tienen que ser homologados por la Justicia para que tengan validez.
La presidenta de Petrobras, Graça Foster, anunció este lunes que se creará una 'Dirección de Gobernanza' para hacer un control interno de los contratos que se firman con empresas proveedoras y "mitigar el riesgo" de que se generen vínculos corruptos. En realidad, en la actual estructura de la empresa ya existe una gerencia de auditoría interna, que junto con el Consejo Fiscal cumpliría ese papel. Sin embargo, Foster consideró que un órgano de dirección tendría más poder para evitar desvíos.
Otra de las medidas que se han llevado a cabo para afrontar los desvíos es la contratación de dos bufetes de abogados -uno brasileño y otro estadounidense- para que investiguen a fondo a las denuncias. Esta medida tendrá un coste de 19 millones de reales.