WASHINGTON, 18 Mar. (Notimérica) -
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha albergado una audiencia pública en la que se han citado representantes y defensores de los Derechos Humanos de la sociedad venezolana y representantes del Gobierno, que con posturas enfrentadas han llevado a cabo un acalorado debate sobre la situación de crisis que atraviesa Venezuela.
"Venezuela vive un profundo proceso de desinstitucionalización del Estado. Se ve un secuestro, un control de las instituciones por el partido del Gobierno y por el Ejecutivo. Esto genera situaciones de fragilidad y de no protección de los Derechos Humanos", ha denunciado el abogado venezolano Carlos Ayala.
El abogado se ha centrado en defender los déficits del Poder Judicial venezolano, a quien supone un poder completamente dependiente del Ejecutivo. Así, ha denunciado el nombramiento de trece magistrados para el Tribunal Supremo sin la aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea General Venezolana, un procedimiento al que obliga la Constitución.
"El 80% son jueces sin titular según el propio Estado. Después de 15 años se siguen designado y removiendo jueces, quienes son de libre nombramiento, sin concurso público, ni oposición y con su total posible cese sin gozar de una estabilidad", ha denunciado Ayala.
Asimismo, el abogado ha denunciado que tanto el exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos y el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma --detenido a finales del mes pasado--, fueron víctimas de detenciones sin presentarse orden legal y ha condenado los denominados "juicios 'express' de 24 horas" a los que son sometidos los políticos opositores.
Asimismo, ha condenado la inhabilitación de la exdiputada y opositora María Corina Machado. "En Venezuela a un diputado que al que se le imputa queda inhabilitado sin condena, sin sentencia, mientras dura el juicio. Que casualidad que así se inhabilita a los opositores", ha manifestado Ayala.
Por su parte, la presidenta de la asociación de defensa de los Derechos Humanos COFAVI, Liliana Ortega, ha explicado que según el Ministerio Público en 2014 recibió 8.049 casos, de los que hubo 780 imputaciones y 105 juicios.
"El 1,3% de los casos llegó a juicio y esto da cuenta del marco institucionalizado de la impunidad", ha explicado, al tiempo que ha puntualizado que también hubo 634 policías asesinados, lo que pone de manifiesto el carácter generalizado de la violencia en Venezuela.
Además, según ha denunciado el coordinador general de la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, José Gregorio Guarenas, los defensores viven situaciones descalificaciones, difamaciones y amenazas dentro del país y cuando denuncian la situación en organismos internacionales.
EL GOBIERNO NIEGA ESTAS AFIRMACIONES
Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha contradicho algunos de los datos y afirmaciones que han usado los tres representantes venezolanos. El agente del Estado para los Derechos Humanos, Germán Saltrón, ha afirmado que no se puede juzgar al Gobierno por la actual situación, si se desconoce cómo era la situación en el país antes de que llegara el fallecido presidente Hugo Chávez al poder.
"El fiscal de la República Ramón Escovar Salom publicó en los 60 'En Venezuela el ciudadano es un desvalido' y denunció entonces el problema del poder judicial. En 15 años nosotros no podemos solucionar todas las irregularidades que existen en Venezuela en 100 años. Siempre se establece que el poder venezolano no es autónomo, pero cuatro casos son los que se han llevado aquí, a la CIDH, y que no se han podido demostrar".
Por su parte, María Alejandra Díaz Marín, de la Agencia del Estado para los Derechos Humanos, ha contradicho la cifra que ha presentado Ayala sobre los jueces titulados. "Un 66 por ciento no son titulados, no un 80 por ciento, a pesar de que no estamos orgullosos".
Asimismo, ha detallado que el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, que pasó tres años encarcelada durante la administración de Chávez, se ha paralizado no por voluntad del juez del caso, sino por voluntad de la defensa de la magistrada.
Además, el representante del Ministerio Público, Jesús Gerardo Peña, ha expuesto los logros del sistema judicial venezolano, ya que el Ministerio Público creó dos unidades criminalísticas para que la investigación no dependiera de los cuerpos policiales, algo que, según ha indicado, no se da en otros países.
En este sentido, ha arremetido contra los representantes de los Derechos Humanos que han hablado en la CIDH por unas veces quejarse de la pasividad de los jueces y otras veces denunciar que son víctimas. ¿Tienen o no tienen libertad? ¿El juez es autónomo o no es autónomo?, ha preguntado.
Peña ha aclarado que además hay una totalidad de 9 alcaldes procesados en la actualidad, no sólo dos como han mencionado los representantes de las asociaciones venezolanas, y ha aclarado que estos proceden de todos los espectros políticos.
Por último, Saltrón ha denunciado la "doble moral" de la CIDH al tratar la situación de los Derechos Humanos en Venezuela en la actualidad, cuando en realidad, no ha tratado "golpes de Estado, el Caracazo --cuyos muertos aún se desconocen--, masacres, desaparecidos etc. en 40 años".
Como ejemplo ha puesto el Caracazo, una serie de fuertes protestas y disturbios en Venezuela durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez cuyo número de víctimas todavía se desconoce. "Liliana sí, Liliana trajo el caso con los familiares de las víctimas a la CIDH en 1993 y se ignoró, hasta que Chávez tomó el poder en 1999 y tuvo que responder por esos muertos", ha denunciado Saltrón.
Además, el representante del Gobierno venezolano ha denunciado la orden ejecutiva firmada recientemente por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que declara el estado de emergencia frente a Venezuela.
"El Gobierno de Estados Unidos ha declarado a Venezuela como enemigo y una amenaza; una declaración de guerra contra Venezuela y el mundo porque si el pretexto para intervenir un país es la violación de Derechos Humanos, Estados Unidos es el principal violador de Derechos Humanos y todos lo deberían intervenir", ha sentenciado.