BUENOS AIRES, 14 Ago. (Notimérica) -
Una vez más, la expresidenta y senadora argentina Cristina Fernández de Kirchner se encuentra en el ojo del huracán. Como si de una trama cinematográfica se tratara, ocho cuadernos con meticulosas anotaciones enviados a un periodista, y posteriormente a un juez, han llevado a la detención de una decena de personas. Se trata del caso que han denominado mediáticamente como 'Los Cuadernos de las Coimas'.
La primera secuencia de esta revolución política y mediática en Argentina comienza en el año 2003 con un chofer cuyo nombre, como vendría siendo habitual, era hasta estas alturas de la película totalmente desconocido. Se trata de Óscar Centeno, un exmilitar retirado encargado en un primer momento de la movilidad de la madre del exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, quien acumula varias acusaciones de corrupción y asociación ilícita.
Fue a través de De Vido que conoció al número dos del Ministerio de Planificación Federal de la Presidencia de Néstor Kirchner, Roberto Baratta. En contacto cercano con el poder, según indicarían los cuadernos de Centeno, este transportó durante diez años en un Toyota Corolla bolsos repletos de dinero negro. ¿La procedencia de este? Un entramado de corrupción entre altos cargos del poder político y empresarios argentinos con contratos estatales.
De esta manera, y a través de lo apuntado en los textos, el juez Claudio Bonadio --quien ya había pedido con anterioridad la prisión preventiva de Cristina Fernández de Kirchner, actualmente aforada-- ordenó la detención de más de una decena de personas relacionadas con la trama. De estas, ocho exaltos cargos --entre ellos Baratta-- han sido encarcelados y otros siete empresarios de la construcción. Todos ellos están acusados de pagar sobornos, o coimas, que ascenderían a más de 160 millones de dólares.
TESTIMONIOS CLAVE
Sin embargo, la información más relevante vino de la mano de nueve empresarios que, señalados por la causa, declararon como arrepentidos ante Bonadio. Este hecho dio suficientes pruebas a la sociedad argentina para desprestigiar a la expresidenta, quien continúa asegurando que se trata de una "persecución política" y "judicial" en su contra por parte del Gobierno de Mauricio Macri. Precisamente, el primo de este, Angelo Calcaterra, ha sido de uno de los arrepentidos ante el juez.
Según la declaración del expresidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, el fallecido expresidente Néstor Kirchner le encargó en el año 2003 que organizara a un grupo de empresarios de confianza. Reunidos en un piso de Buenos Aires, los contratos públicos eran repartidos a cambio del aporte del 10 o 20 por ciento del anticipo económico destinado a la construcción. Estas cantidades eran destinadas al Gobierno Kirchner --estando el matrimonio al tanto de los hechos--, y a cambio las obras eran cotizadas con sobreprecios.
Ante los hechos, la expresidenta acudía este martes a los juzgados de Comodoro Py, en el centro de Buenos Aires, tras ser llamada a declarar por Bonadio. El juez está decidido a interrogar judicialmente a todos los que en alguna ocasión hayan sido mencionados en los cuadernos de Centeno, entre los que se incluye la expresidenta, Julio de Vido, el exjefe de Ministros Juan Manuel Aval Medina y el exjefe de los servicios de Inteligencia, Oscar Parrilli.
Sin embargo, Cristina no hizo declaración alguna ante el juez, sino que presentó un escrito en el que, entre otras cuestiones, pone en tela de juicio la imparcialidad de Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli. El texto, difundido en redes sociales por el abogado de Fernández, recuerda que la antigua mandataria "requirió ante el Consejo de la Magistratura de la Nación que se iniciara un juicio político" en contra de Bonadio por "graves irregularidades", por lo que considera que "no puede continuar al frente de esta investigación", según la agencia Reuters.
LAS CAUSAS ABIERTAS DE CRISTINA
La condición de senadora que Cristina Fernández impide que pueda ser encarcelada como presunta líder de esta trama de asociación ilícita y de recibir sobornos junto a su marido, además de dificultar el transcurso de otros procesos judiciales que la expresidenta tiene abiertos. Entre dichas causas se encuentra su presunta complicidad en el caso del atentando a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en el año 1994, un cargo que el fallecido fiscal Alberto Nisman habría tenido intención de denunciar frente al Congreso en enero de 2015, día después de su asesinato.
Asimismo, según Bonadio "entre los meses de septiembre y noviembre de 2015 se vendieron contratos de dólar futuro por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a valores inferiores al precio de mercado con conocimiento e intención". La causa, conocida como 'Dólar futuro', indicaría que el Estado, gobernado por Cristina en ese momento, obligó a pagar a sus acreedores una suma indeterminada en pesos tomando como referencia el dólar de marzo de 2016. Los denunciantes consideran que se cometieron hechos de fraude en perjuicio de la administración pública así como de asociación ilícita.
Por otro lado, la inmobiliaria Los Sauces S.A, posesión de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner --y antes por Néstor Kirchner-- es también investigada por Bonadio por un presunto delito de lavado de dinero y asociación ilícita. Los Sauces presenta un domicilio fiscal en la cale Alcorta 76 de la ciudad Río Galleos, y como indica 'Clarín', en "dicha sede no se encuentra a la empresa ni tiene nada que ver con la misma, se trata de un domicilio ficticio", específica una denuncia de la diputada nacional por el GEN, Margarita Stolbizer.
Esta misma puso el punto de partida de la causa 'Hotesur S.A' al solicitar que se investigara a la expresidenta por irregularidades en la inscripción de normas y publicación de las mismas en la Inspección General de Justicia (IGJ). Se investiga la operatoria hotelera de la familia Kirchner con diversos empresarios, al considerarse que estos alquilaban habitaciones de los hoteles de la familia Kirchner sin ocuparlos. Por ello, se acusa a la expresidenta y al resto de procesados, entre ellos Máximo Kirchner, de llevar a cabo mediante esta operativa un presunto acto de lavado de dinero procedente de los sobreprecios cobrados en obra pública.
Otra diputada, en este caso Elisa Carrió, denunció en 2008 a la expresidenta y a varios de sus exministros por una supuesta causa de asociación ilícita y defraudación al Estado. La causa incluye que formaron "parte de una asociación que habría funcionado entre 2004-2015" destinada a "cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz". Se considera que la expresidenta habría favorecido al Grupo Austral con 52 contratos viales por valor de 46.000 millones de pesos.
Por último, en el marco de la relación entre Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Antonio Báez --actualmente preso por esta causa--, la expresidenta fue llamada a declarar por el fiscal Guillermo Marijuan por considerarla "co-autora de lavado de dinero" por tener responsabilidad "decisiva" en los actos gubernamentales para favorecer que el empresario ganara 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos. La expresidenta está imputada desde que el fiscal Marijuan la mencionara en la ampliación de su indagatoria.