MÉXICO DF, 1 Dic. (Notimérica) -
Este lunes el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha cumplido dos años con el bastón de mando en la mano, pero desde que llegó al Gobierno mexicano ha sido incapaz de poner freno a la crisis de seguridad debido al narcotráfico y al crimen organizado que atraviesa el país.
Un 1 de diciembre de 2012 Peña Nieto conquistó el Palacio Nacional con duras cifras a sus espaldas. Bajo el mandato del expresidente mexicano Felipe Calderón, que comenzó en 2006 una controvertida ofensiva sin tregua contra las bandas criminales dedicadas al narcotráfico, se produjeron más de 50.000 asesinatos, según cifras oficiales que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) contradice y aumenta hasta 70.000.
La "guerra" contra el narcotráfico no había solucionado nada, es más, en seis años los asesinatos habían aumentado más de un 150 por ciento, mientras que había dejado a su paso un gran número de muertes y graves violaciones a los Derechos Humanos, según denunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Organizaciones como Transparencia Internacional también arremetieron contra la falta de lucha contra la impunidad y la corrupción del ahora expresidente.
A los 46 años, el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegaba al poder con la intención de cambiar de enfoque para luchar contra el crimen organizado. Buscaba distanciarse de la "guerra abierta" contra los carteles de la droga, mejorar la coordinación y no quería olvidarse de los Derechos Humanos.
Tal era su voluntad de cambiar de modelo, que al principio de su Gobierno dio a conocer por primera vez una lista oficial con más de 26.000 desaparecidos, un tema que hasta la fecha había sido en gran medida evitado por las autoridades.
PRIMER AÑO DE GOBIERNO
Durante el primer año de mandato, según cifras oficiales, en 2013 se cometieron 10.095 homicidios relacionados con el crimen organizado, lo que representaba la cifra más baja en cuatro años, sin embargo aumentaron los secuestros y la extorsión en el país.
Algunas asociaciones como el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) acusaban al Gobierno de que las cifras no eran del todo fiables y que la estrategia para combatir la inseguridad en el país no estaba clara.
Otros como Amnistía Internacional, le echaban en cara al priísta que estaba dejando los deberes sin hacer y que las pocas medidas que el presidente había tomado en materia de Derechos Humanos simplemente no estaban a la altura de las circunstancias.
"Existen preocupantes señales de que este Gobierno no está dando prioridad suficiente a la protección de los Derechos Humanos. La nueva administración debe romper con las promesas vacías de la anterior en materia de Derechos Humanos y terminar con la impunidad de los abusos", advertía la organización.
SEGUNDO AÑO DE MANDATO
La situación no mejoró con el tiempo. A mediados de 2014, en su segundo informe de Gobierno, Peña Nieto ya registraba más muertos en el mismo periodo que su antecesor. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante los primeros 20 meses de mandato del priísta se registraron 57.899 averiguaciones previas por homicidios dolosos y culposos, mientras que en los primeros 20 meses de administración calderonista la suma fue de 43.694. Es decir, una diferencia de 14.205 homicidios.
Sin embargo, la atención mediática e internacional captaba una imagen de un México de reformas en educación, economía y energía. El presidente había alejado de su discurso al narcotráfico y al crimen organizado, fuera para bien o para mal, y por primera vez en muchos años otros asuntos eran los protagonistas para los mexicanos y para otros países.
Todo se truncó en los últimos meses. Dos fuertes crisis devolvieron a México a la cruda realidad del crimen organizado, el narcotráfico y las desapariciones.
El primero fue la muerte de 22 civiles el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, centro del país, de los que ocho fueron ejecutados por militares tras un choque armado, según la Fiscalía, y 15 de acuerdo con la CNDH.
El segundo incidente fue la desaparición de los 43 estudiantes 'normalistas' pertenecientes a la escuela de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre en Iguala, a manos de policías e integrantes de la agrupación criminal Guerreros Unidos.
Aunque el exalcalde José Luis Albarca como presunto autor intelectual, entre otros acusados, están siendo procesados por los hechos, desataron la polémica en el país la lentitud y la torpeza para reaccionar del Gobierno, sumado al hecho de que el caso del alcalde se presentaba paradigmático: por primera vez salía a la luz que el crimen organizado no sólo tenía lazos con el poder, sino que los propios criminales como este alcalde ocupaban altos cargos en el poder.
En consecuencia, varias, multitudinarias, históricas y a veces violentas protestas han sacudido al país para exigir que las víctimas aparezcan con vida. Tampoco ha ayudado a la indignación popular, el hecho de que las cifras de desaparecidos aportadas por la Procuraduría siguen siendo poco claras y que, al parecer, hay dos listas distintas con diferentes criterios. En ninguna de ellas están incluidos los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
La situación de Ayotzinapa muestra una verdad que ya se conocía, pero la desaparición de los estudiantes ha sido la gota que colmaba el vaso. Ahora todo México es consciente de que el Estado está involucrado con el narcotráfico en múltiples niveles y que los grados de violencia son cada vez más terribles.
Más allá de ello, Amnistía Internacional acusó a Peña Nieto, poco antes de que se cumplieran dos años de su Gobierno, de "la grave crisis de Derechos Humanos que enfrenta México" y que en los últimos años ha sido constante "la falta de acceso a la Justicia y la impunidad" ante este tipo de graves violaciones.
Para la organización, ante las 22.000 personas desaparecidas, según cifras oficiales, y una elevada práctica de torturas hasta en un 600 por ciento, sólo cabe decir que el Gobierno de Peña Nieto tiene "una falta de compromiso de su Gobierno para hacer frente a la situación que se vive en el país".
DIEZ MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
En medio de la grave crisis de imagen y la creciente falta de apoyo de los mexicanos al mandatario, Peña Nieto, anunció el pasado jueves un paquete de diez medidas para luchar contra la infiltración del crimen organizado en la vida política porque, "después de Iguala, México debe cambiar".
La principal medida de este decálogo es la elaboración de una ley integral contra el crimen organizado, centrada en evitar su infiltración en la política municipal y que reforzará, por tanto, la autoridad estatal y federal.
A este respecto, la norma jurídica permitirá que, cuando haya indicios de connivencia entre los criminales y las autoridades municipales, el Gobierno federal podrá disolver el Ayuntamiento y asumir temporalmente las competencias locales.
Otro de los ejes de este plan nacional es la supresión de las policías municipales, en las que la infiltración del crimen organizado es más fácil por la práctica ausencia de controles, que pasarán a integrarse en una única policía estatal.
Por otro lado, el jefe de Estado realizará mejoras legales para evitar la impunidad, y anunció además leyes generales de tortura y desaparición forzada. Asimismo, se comprometió a reforzar los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Sin embargo, los ciudadanos mexicanos son cada vez más exigentes y gran parte de la opinión pública describe que las palabras del presidente son palabras vacías. El año que entra, 2015, será el año en el que Peña Nieto tendrá que demostrar si la crisis de los estudiantes ha hecho despertar a un Gobierno sumido en dos años de letargo ante el crimen organizado y la corrupción.
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