BOGOTÁ, 17 Ago. (Colprensa/EP) -
El asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes el pasado martes en Tarazá (Antioquia) puso en el escenario de nuevo la situación de seguridad para los periodistas en Colombia.
El crimen de Cervantes sucedió en una de las semanas más emblemáticas para el ejercicio del periodismo, ya que el 13 de agosto se conmemoraron 15 años del asesinato de Jaime Garzón, y también fue llamado de alerta a las autoridades, que no han acertado a explicar por qué al comunicador se le levantó el esquema de seguridad dos semanas antes del ataque mortal.
El periodista de la radio comunitaria Morena FM y corresponsal hasta 2013 del canal Teleantioquia Noticias, recibía amenazas de muerte desde 2010, cuando trabajaba en esa corresponsalía.
Cervantes había denunciado, además, que en la noche del pasado 21 de julio, llegó un hombre a su casa para pedirle que transmitiera una información por la emisora que dirigía y, ante su negativa, le dijo que estaban "cansados de verlo en Tarazá". Esa y otras intimidaciones serían de integrantes de la banda criminal 'Los Urabeños' o por denuncias de casos de corrupción en el gobierno local, creen las autoridades.
UN PROBLEMA NACIONAL
Según la Defensoría del Pueblo, en lo que va del 2014 se han conocido 93 casos de periodistas amenazados, 51 más que en 2013. El defensor, Jorge Armando Otálora, dice que no se sabe a qué se debe ese crecimiento y que, mucho más preocupante, del total, 56 ya han sido clasificados como de riesgo extraordinario.
Otra fuente, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), registra en el año 98 violaciones al ejercicio periodístico, 121 víctimas de ellas, 37 amenazas, un exilio, al menos 30 víctimas de agresión y 35 de obstrucción al trabajo periodístico, con 45 víctimas.
Las alertas son estudiadas y calificadas por la mesa de riesgo del Ministerio del Interior, instancia que decide a quién y qué tipo de protección asigna. La protección puede incluir chalecos antibalas, teléfonos, vehículos de protección y personal de escolta.
Pero la propia Defensoría advierte que medidas consistentes en servicios de telefonía móvil o rondas policiales, no garantizan la protección a la vida e integridad de los comunicadores y que el plazo de 30 días hábiles que se toman para elaborar la evaluación y revaluación del nivel de riesgo, puede resultar muy prolongado y las medidas llegar tarde.
Del total de casos registrados este año, el mayor número ha ocurrido en Bogotá, Valle del Cauca, Arauca, Antioquia y Magdalena. Allí las amenazas suceden a través de llamadas telefónicas o de seguimientos y mensajes escritos. Provienen, también en su mayoría, de miembros de grupos armados ilegales como las FARC, el ELN y las bacrim.
EL CASO DEL BAJO CAUCA
Para Carlos Cortés, analista de medios, columnista de 'La silla vacía' y exmiembro de la Fundación para la Libertad de Prensa, la región con más problemas es la del Bajo Cauca en Antioquia, donde confluyen varios factores: enfrentamientos de bandas criminales, presencia de exparamilitares y acción de delincuencia común.
Tanto actor violento hace más difícil saber quién amenaza. "Sin una investigación judicial de por medio es muy difícil saberlo, las cifras son provisionales y no hay certeza de cuántos son y quiénes están detrás, aunque hay muchos vínculos con las administraciones locales, concejales y alcaldes que puedan tener nexos con estas bandas", dice Cortés.
Para el analista hay un nexo claro entre amenazas y administraciones: "Por asuntos de interés público, casos de corrupción, malos manejos, obras que no quedaron hechas, en el caso de Cervantes fue por cosas así. Es muy difícil saber cuándo se le puede retirar un esquema de seguridad a un protegido, porque no hay investigación y la situación de orden público puede seguir igual".
"Hay poca voluntad política, faltan organización administrativa y acción institucional y la Fiscalía debería tener voluntad para mover estos casos; pienso que los problemas de libertad de prensa parten de no haber un castigo o una respuesta judicial, no tenemos avance en las investigaciones, ese es el principal problema, puede ser positivo que no maten tantos periodistas como antes, pero no hay nada más para decir", puntualizó.
En toda Antioquia son, al menos, catorce comunicadores amenazados, ocho del Bajo Cauca y el resto del Nordeste y del Urabá sobre todo, según datos recopilados por Óscar Morales, vocero de la Asociación de Periodistas de ese departamento.
LA RESPUESTA DEL ESTADO
La Unidad Nacional de Protección (UNP), en cabeza de Andrés Villamizar, dice que de cada caso hay que hacer un análisis específico para tomar medidas.
Desde 2012 Cervantes fue beneficiario del programa de la UNP y contaba con un vehículo y dos escoltas. La entidad fue la que más críticas recibió por el retiro de ese esquema de seguridad, lo que Villamizar explicó así: "El desmonte se hizo tras un estudio de riesgo anual y porque no realizaba su actividad de periodismo, todos los esquemas están obligados a revisarse una vez al año para verificar si se sigue necesitando la protección; se hizo en el mes de mayo en el caso de Cervantes y con base en las entrevistas documentadas a autoridades locales, la Personería, la Iglesia Católica y otros periodistas, se llegó a la conclusión de que no existía un riesgo derivado de la actividad periodística".
Ese análisis es responsabilidad del comité de Evaluación y Recomendación de Medidas, integrado por representantes del Ministerio del Interior, la Presidencia de la República, la Unidad de Víctimas y la Policía Nacional.
El funcionario hizo hincapié en el significado de la protección en virtud del cargo, que es de lo que se encarga este organismo del Estado: "Sólo puede proteger periodistas cuando su riesgo se deriva de su actividad periodística, este es el programa que administra la UNP y así pasa con sindicalistas, defensores de derechos humanos etcétera".
Entidades como la FLIP creen que aunque un estudio arroje que no existe un riesgo por el oficio periodístico, eso no quiere decir que no existan amenazas. El director de la Federación, Pedro Vaca, reconoce que no había una relación causal entre denuncias periodísticas y el riesgo que denunciaba Cervantes, quien finalmente sí fue asesinado.
Vaca denuncia que a los Comité de Evaluación de Riesgo, la Fiscalía en la mayoría de ocasiones no asiste. "El llamado es para que la Fiscalía se tome en serio la protección de personas en este país".
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