LIMA, 18 Sep. (Notimérica) -
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció el pasado domingo que presentará este miércoles a las 8.00 (hora local) una cuestión de confianza en el Congreso de la República con el fin de sacar en adelante los cuatro proyectos de reforma constitucional presentados por el Ejecutivo hace 40 días.
"Acorde con la Constitución que juré respetar y hacer respetar, acudo a ella poniendo como testigo a todos los peruanos e invoco la aplicación de su artículo 133. Planteamos la cuestión de confianza al Congreso de la República para aprobar las cuatro reformas constitucionales presentadas al Congreso", ha manifestado Vizcarra.
Los proyectos de reforma judicial y política fueron presentados en el marco de una crisis de corrupción que atraviesa el país. El pasado mes de marzo, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski debió renunciar tras acusaciones de presunta compra de votos.
¿QUÉ ES LA CUESTIÓN DE CONFIANZA?
La cuestión de confianza es un mecanismo de la Constitución Política de Perú mediante el cual el Poder Ejecutivo solicita el respaldo político al Congreso.
El artículo 133 de la Constitución establece que "el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete".
Asimismo, la moción debe ser aprobada con el voto a favor de la mitad más uno del número legal de congresistas. Si el Parlamento aprueba el voto de confianza, la reforma se seguirá discutiendo en el Congreso.
¿QUÉ PASA SI NO SE APRUEBA?
Por su parte, el artículo 134 de la Constitución establece que "el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros".
Del mismo modo, este último artículo indica que el secreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Estas deberían realizarse dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente.