La denuncia se basa en las investigaciones de la Fiscalía General colombiana por el caso de las 'chuzadas'
MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
Dos ciudadanos colombianos residentes en Madrid han interpuesto este martes una querella contra el anterior presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y contra dos antiguos dirigentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por supuestas actividades de espionaje contra al menos 20 personas residentes en España, en el marco de la investigación abierta por la Fiscalía General colombiana por el caso de las llamadas 'chuzadas'.
La querella ha sido interpuesta esta mañana ante un juzgado de instrucción de Madrid --debido a que parte de los delitos denunciados han sido cometidos en la capital-- por dos colombianos cuyos nombres no se han hecho públicos "por motivos de seguridad", según indicó esta mañana en rueda de prensa el abogado y portavoz de la organización no gubernamental Justicia por Colombia, Mauricio Valiente.
Los querellados son Álvaro Uribe, en su calidad de ex presidente y "responsable directo" del DAS; el director de este organismo entre 2002 y 2006, Jorge Aurelio Noguera; y uno de sus subdirectores, Germán Villalba, quien estuvo destacado en España.
La denuncia se engloba en las investigaciones abiertas en 2009 por la Fiscalía General de Colombia, tras el allanamiento de las oficinas del DAS, sobre las "actividades ilegales" (conocidas popularmente como 'chuzadas') del Grupo Especial de Inteligencia G-3 del Departamento entre 2004 y 2005 contra defensores de Derechos Humanos, magistrados, periodistas y políticos opositores.
Estas actividades ilegales --de las que la prensa colombiana se ha hecho un gran eco-- se llevaron a cabo "bajo la responsabilidad última de la Presidencia de la República de Colombia, de quien depende directamente el DAS", según consta en la querella.
Las investigaciones de la Fiscalía General se han centrado en cuatro dirigentes del DAS y otros 30 miembros de este organismo, algunos de los cuales se encuentran encarcelados, según explicó en la rueda de prensa otro portavoz de Justicia por Colombia, Francisco Pérez.
El ámbito de actuación del G-3 no se limitó al territorio colombiano y abarcó varios países europeos. Según los querellantes y según las investigaciones de la Fiscalía, Germán Villalba --actualmente detenido en Colombia-- era "el enlace y recibía las instrucciones a desarrollar en Europa".
"En España no se puede espiar", declaró Francisco Pérez. "Pedimos a la Justicia española que investigue porque no podemos tolerar el uso que se ha hecho de nuestro territorio" para estas actividades ilegales, agregó.
La querella se basa en el artículo 197 del Código Penal español, que establece penas de entre uno y cuatro años de cárcel para toda persona que, "para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artefactos técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación".
EL TPI
Por otra parte, Justicia por Colombia hizo pública la declaración firmada por numerosos activistas y organizaciones sociales en la que se pide el procesamiento de Álvaro Uribe por el Tribunal Penal Internacional (TPI), dada la "sistemática violación de los Derechos Humanos" en Colombia y el alto nivel de impunidad, que afecta "a entre el 96 y el 97 por ciento de los casos", según explicó Francisco Pérez. "Si la justicia no existe en Colombia, habrá que ir a buscarla al TPI", aseveró.
La declaración denuncia "los probados vínculos de Uribe Vélez con bandas de paramilitares y de narcotraficantes", así como "su historial que le compromete a lo largo de su carrera política en la realización de numerosas estrategias y campañas de guerra sucia contra organizaciones sociales".
También declara que el ex presidente es el "máximo responsable político de asesinatos políticos, detenciones y desapariciones, genocidio, masacres, desplazamiento forzado y torturas, cometidas por las fuerzas militares, en hechos que han dejado sembrada a Colombia de grandes sufrimientos e injusticias, reconocidas por diferentes órganos e informes de la ONU y prestigiosos organismos internacionales de Derechos Humanos".
Entre los firmantes figuran el argentino Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz en 1980), el director de cine Javier Corcuera, el actor Willy Toledo, el abogado y experto en Derecho Internacional Enrique Santiago, el periodista José Manuel Martín Medem y las organizaciones ACSUR-Las Segovias, ATTAC-España, la Campaña '¿Quién debe a Quién?', la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, Izquierda Anticapitalista y Paz Ahora.