BOGOTÁ, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se mantiene como uno de los líderes más valorados de Colombia, con un 58 por ciento de aceptación, tras el fallo de la Procuraduría, --que lo destituyó e inhabilitó 15 años para ejercer cargos públicos-- y a poco más de un mes del referéndum para decidir sobre su continuidad, que se celebrará el próximo 2 de marzo.
Así lo pone de manifiesto una encuesta de Cifras y Conceptos para la emisora colombiana Caracol Radio, que establece la imagen desfavorable de Petro en un 40 por ciento. Asimismo, detalla que la aprobación de la gestión del alcalde en materia de empleo llegó al 55 por ciento, frente a un 41 por ciento que la desaprueba.
Otros campos analizados son el de los servicios públicos, con un 53 por ciento de aprobación y un 44 por ciento de rechazo; el área de salud, con 52 por ciento de apoyo a su gestión frente a un 43 por ciento; en vivienda, con un apoyo del el 51 por ciento frente al 46 por ciento; y en lo que respecta a la corrupción, cuyas medidas reciben tanto apoyo (48 por ciento) como rechazo.
Según estos datos, Petro es el mandatario con mejor imagen favorable en las cinco principales ciudades del país. El segundo lugar se sitúa el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, con un 57 por ciento de apoyo, frente a un 34 por ciento de imagen desfavorable. Por detrás se sitúan los mandatarios de Cali, Bucaramanga y Barranquilla.
DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN
El pasado 9 de diciembre, el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.
El hasta entonces alcalde de Bogotá presentó un recurso de reposición contra esta decisión, lo que implica que el fallo será revisado por quien lo dictó: Ordóñez. Por ello, Petro pretende recusar al procurador general para que sea otro quien tome la decisión en firme.
La salida de Petro de la función pública ha generado una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, ha observado irregularidades en esta decisión, que ha calificado de "inquisitiva", y ha ordenado una "inspección" contra la Procuraduría.
Ordóñez, por su parte, ha defendido la legalidad de su decisión y ha rehusado entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al que Petro ha solicitado tutela, que ha sido recientemente aprobada (a la espera de posibles recursos).