BOGOTÁ, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
El jefe de Memoria Histórica del Ejército de Colombia, el general Henry William Torres Escalante, se ha entregado este lunes a la Justicia después de que la Fiscalía emitiera una orden de captura en su contra por casos de 'falsos positivos'.
El fiscal general, Eduardo Montealegre, ha firmado una orden de captura contra Torres Escalante en el último día al frente del Ministerio Público. Jorge Fernando Perdomo asumirá al cargo de forma interina hasta que la Corte Suprema elija al sucesor definitivo.
Poco después de que Monetalegre ordenara su detención, Torres Escalante se ha entregado voluntariamente a las autoridades colombianas en la sede de la Fiscalía General, en Bogotá, según informan los medios de comunicación locales.
A Torres Escalante se le acusa de las presuntas ejecuciones extrajudiciales de los campesinos Daniel Torres y Roque Julio Torres, padre e hijo, en marzo de 2007 en la localidad de Aguazul, en el departamento de Casanare.
Al parecer, los campesinos fueron asesinados por denunciar otros casos de 'falsos positivos' en los que estaría implicado Torres Escalante, que entonces era el comandante de la Brigada XVI del Ejército, por lo que tenía bajo su jurisdicción todo el departamento de Casanare.
Además, Montealegre ha citado para el 31 de mayo al general retirado Mario Montoya, jefe del Ejército durante el Gobierno de Álvaro Uribe, para una audiencia de imputación de cargos por varios casos de 'falsos positivos' ocurridos entre 2005 y 2008.
Human Rights Watch (HRW) ha considerado que estos pasos de la Fiscalía "son de la mayor importancia, pues dirigen las investigaciones no sólo a los soldados, aquellos que solamente han ejecutado órdenes, sino también a los generales".
Sin embargo, José Miguel Vivanco, jefe de HRW para las Américas, ha advertido de que estos esfuerzos pueden quedar "vacíos" porque "el impacto podría diluirse si los acuerdos que se han negociado con las FARC son refrendados (...) en cuanto a la impunidad".
De acuerdo con la ONG, hay más de 3.500 ejecuciones extrajudiciales contra civiles cometidas por militares durante el Gobierno de Uribe (2002-2010).