BOGOTÁ, 27 Ago. (Notimérica/EP) -
La Red de Veedurias Ciudadanas de Colombia, organización ciudadana que lucha contra la corrupción en el país sudamericano, ha denunciado este martes ante la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, tras las revelaciones del 'hacker' Andrés Sepúlveda.
Así lo ha anunciado el presidente de la organización, Pablo Bustos, que también ha solicitado que el alto tribunal investigue a la representante María Fernanda Cabal. "Estamos solicitando que se investiguen los mismos delitos penales que se imputaron a Andrés Sepúlveda", ha explicado Bustos, en declaraciones a la emisora Caracol Radio.
En cualquier caso, puesto que se trata de una decisión "delicada", la organización ha pedido que se lleve a cabo "una averiguación y eventual calificación de las imputaciones", después de que el 'hacker' afirmase que Uribe recibía información sobre los negociadores del Gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Cuba.
Sepúlveda, detenido en el marco de una investigación sobre el presunto espionaje al diálogo entre el Gobierno y las FARC, insistió el pasado lunes en entrevista concedida a Noticias RCN y La Fm en que el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe le contrató para desprestigiar el proceso de paz y que ahora lo "abandonó".
"A mí me abandonó el expresidente (Álvaro) Uribe, Luis Alfonso Hoyos, Óscar Iván Zuluaga y David Zuluaga", declaró Sepúlveda, asegurando que el exmandatario colombiano "siempre supo que estaba trabajando ahí". De hecho, subrayó que el pasado 10 de junio, cuando volvió a ser detenido, tenía acordada una reunión a las 8.00 horas --dos horas después de ser detenido-- para saludar personalmente a Uribe.
Sepúlveda manifestó que, a parte de su testimonio, también cuenta con "correos electrónicos, imágenes, documentos y medios técnicos que corroboran" su versión y calificó de "absurdas" las acusaciones de un complot del Gobierno contra la oposición.
Asimismo, explicó que su trabajo dentro de la campaña consistía en conseguir información sobre las FARC y sobre cualquier persona que se mostrara a favor del proceso de paz. "Me decían que si yo no cumplía con los objetivos de la campaña, tenía que devolver el dinero que me habían entregado y que dejaría de ser una pieza clave dentro de un plan estratégico contra el proceso de paz", sentenció.