La Comisión pone el foco en la connivencia entre los poderes Ejecutivo y Judicial
MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exigido este viernes al Gobierno de Venezuela que libere "inmediatamente" a las 903 personas "presas políticas" que continúan detenidas "arbitrariamente" y ha denunciado que "al menos 64 familias no han recibido una comunicación formal" sobre el estado de los reclusos, hecho que contraviene el Derecho Internacional.
"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y los prolongados períodos de incomunicación a los que han sido sometidas las personas presas políticas. El Estado debe adoptar medidas urgentes para liberar a estas personas de forma incondicional y garantizar su contacto inmediato con familiares", reza un comunicado compartido por este organismo.
Desde la CIDH, han denunciado que, en buena parte de los casos, los familiares de los reclusos solo conocen si sus allegados continúan con vida y que, en ocasiones, "cuando se acercan a los centros de reclusión son maltratados por funcionarios del personal penitenciario", que se niegan "deliberadamente a permitir visitas o a dar información del estado de salud" de estos presos.
"El régimen venezolano no solo castiga arbitrariamente a personas opositoras por ejercer legítimamente las libertades de expresión, reunión y asociación, sino que también reprende a sus familiares como forma de castigo. Esto genera temor y angustia en familiares de las personas presas políticas", ha apostillado la Comisión en su escrito.
La CIDH atribuye esta situación a la "absoluta falta de independencia del Poder Judicial", así como a la "instrumentalización del Ministerio Público para asegurar los fines del régimen" del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Así las cosas, la Comisión ha reiterado su llamamiento a la liberación de todas las personas encarceladas por motivos políticos "garantizando al mismo tiempo el respeto y la protección de su vida e integridad personal", entre otras, mediante la adopción de medidas que permitan "verificar su estado de salud" y la visita de su "defensa técnica de confianza".
"Asimismo, deben tomarse medidas urgentes para restablecer la independencia y separación de los poderes públicos, condición esencial para asegurar un sistema de justicia que opere de manera imparcial y autónoma, con plena observancia de los Derechos Humanos", ha sentenciado la CIDH.