MADRID, 11 Jul. (OTR/PRESS/Notimérica).-
La decisión del presidente Nicolás Maduro de redactar una nueva Carta Magna, saltándose los mecanismos previstos para ello, ha terminado por elevar aún más el grado de crispación que vive Venezuela y que suma 93 muertos y más de 3.600 detenidos después de más de 100 días de violentas protestas.
El lunes fallecieron un joven de 17 años a manos de colectivos chavistas y un miembro de la Asamblea Constituyente al que dispararon en medio de un mitin celebrado en Maracay, al norte del país.
Además, la Constituyente de Maduro no solo tiene en contra a los opositores y a la mayoría de la comunidad internacional. Un grupo de chavistas opositores, denominados 'Chavistas Críticos', le han pedido este domingo al presidente que anule la convocatoria para redactar una nueva Constitución por considerar que es una medida "ilegal" que carece de la aprobación del pueblo para ser ejecutada.
Además, se han manifestado favorables al plebiscito convocado por la MUD para el día 16 de julio y niegan que la crisis que padece el país sea fruto de un boicot, como defiende el Ejecutivo.
Mientras, la oposición no cesa en sus manifestaciones y no decae en sus exigencias al Gobierno de Maduro. Ni siquiera la excarcelación del opositor Leopoldo López ha logrado disipar a la gente en las calles de Venezuela, donde el lunes se vivía una de las jornadas más intensas. Más de 10 horas de 'trancazo' en las carreteras, dos muertos más que añadir a la larga lista de fallecidos y siete policías heridos después de que un grupo de opositores lanzaran un explosivo.
El martes, el dirigente opositor Henrique Capriles ha descartado que se vaya a desatar una pugna interna por liderar la Mesa de Unidad Nacional (MUD) tras la excarcelación de su compañero, aunque el liderazgo del exgobernador de Miranda ya fue cuestionado cuando adoptó una postura más moderada tras la crisis desencadenada por la muerte de Hugo Chávez y cuyas protestas lideró entonces Leopoldo López, que acabó condenado a 14 años de cárcel.
En el contexto de crisis total que vive Venezuela desde hace más de tres meses, José Rivas, uno de los candidatos a las elecciones a la Asamblea Constituyente que se celebrarán el próximo 30 de julio en Venezuela, moría este lunes tras recibir varios disparos durante un mitin en Maracay, la capital del estado de Aragua, en el norte del país.
Según información recogida por el diario venezolano 'El Nacional', Rivas estaba participando en una reunión política celebrada el lunes por la tarde (hora local) en Maracay cuando uno de los miembros del público le disparó.
El presidente ha convocado una Asamblea Constituyente argumentando que es la única forma de devolver la paz a Venezuela. Sin embargo, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) --coalición opositora-- ha denunciado se trata de un intento de Maduro por perpetuarse en el poder y ha convocado un referéndum para el 16 de julio con el objetivo de que los venezolanos se pronuncien sobre la necesidad de elaborar una nueva Carta Magna.
"SEPULTAR" EL LEGADO DE CHÁVEZ
Asimismo, los disidentes 'Chavistas Críticos' consideran que una nueva Constitución sería "sepultar" el legado del fallecido presidente Hugo Chávez. Defienden además que la crisis que vive el país no es consecuencia de un boicot, sino que se trata de una realidad de la que "no se puede culpar a la oposición", según recoge la cadena 'CNN'.
Este grupo de afines al régimen chavista, pero contrarios al régimen 'madurista', está formado por la exdefensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; el exmiembro del grupo Marea Socialista, Nicmer Evans y por diputados de la Asamblea Nacional como Germán Ferrer y Eustoquio Contreras.
Estos 'Chavistas Críticos' pidieron el domingo en una rueda de prensa al Consejo Electoral Nacional (CNE) que convoque elecciones regionales, una de las motivaciones de mantiene a los manifestantes en las calles del país caribeño. Mostraron su apoyo público a la fiscal General Luisa Ortega --muy crítica con las actuaciones de Maduro-- y apoyaron el plebiscito convocado por la MUD para el próximo 16 de julio en el que los ciudadanos están llamados a responder a tres temas sobre la Constituyente, sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sobre la renovación de los Poderes Públicos.
El diputado chavista Eustoquio Contreras dijo que la actual Constitución de 1999 "goza de una gran vigencia" porque es el "documento que estructura el pacto social de todos los venezolanos".
Las voces disidentes dentro del chavismo se han ido elevando cada vez con más frecuencia. Una de las más sonoras es la de la fiscal General, Luisa Ortega, quien ya ha pedido la anulación de la Constituyente y como respuesta ha recibido su procesamiento, la cancelación de sus cuentas y la prohibición de salir del país.
Ortega también ha denunciado amenazas por parte del Ejecutivo de Maduro y la exdefensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, ha dicho en declaraciones a la CNN que "muchos" críticos con el Gobierno tienen "miedo", porque han recibido "intimidaciones" cuando se pronuncian en su contra.
"Cualquier actor institucional que se aparte de la lógica del ejecutivo va a ser silenciado", dijo Ramírez ante los medios de comunicación y pronosticó también que las expresiones de disidencia se van a ir "esparciendo por el país" debido a la "creciente preocupación" ante la oleada de protestas y "represión", además de por la "incapacidad del Gobierno" de escuchar las diferentes expresiones.
Desde el Gobierno venezolano han exigido a Estados Unidos que proteja a su personal diplomático de la "violencia fanática", después de que el embajador del país iberoamericano en Naciones Unidas, Rafael Ramírez, fuera increpado el fin de semana por un grupo de venezolanos mientras comía con su familia en un restaurante de Brooklyn, Nueva York.
De acuerdo con el comunicado publicado por la misión diplomática, Ramírez y su familia fueron abordados por dos venezolanos identificados como Tatiana Low y Gabriel Manzano, que le reprocharon la crisis que sufre la nación caribeña. "¡Asesino!", le gritaron, según un vídeo de los hechos difundido por redes sociales.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado que "es la segunda vez que la Misión de Venezuela en Naciones Unidas es sujeto de ataques de la violencia opositora". "La primera situación ocurrió en la sede de la Misión, cuando un sujeto entró en el edificio y agredió a dos funcionarios", ha recordado.
El Ministerio de Exteriores venezolano ha emitido otro comunicado en el que "exige al Gobierno de Estados Unidos el respeto a las garantías e inmunidades previstas para el personal diplomático contempladas en la Convención de Viena de 1961, teniendo presente su calidad de país sede de la ONU".
Además, ha reclamado "la aplicación de las sanciones previstas en estos casos contra los agresores del personal diplomático acreditado y sus familiares". "La violencia fanática ejercida contra representantes del cuerpo diplomático y sus familiares acreditados en ese país refleja la campaña de odio y agresión cotidiana proyectada sobre nuestra nación", ha denunciado el Palacio de Miraflores.