RIO DE JANEIRO,15 (Notimérica)
El 17 de marzo de 2014 la Policía Federal inició la Operación Lava Jato, que destaparía el mayor escándalo de corrupción en la historia reciente de Brasil. Según cálculos de la propia Petrobras la trama de corrupción y blanqueo de dinero habría dejado un agujero de alrededor de 2.000 millones de dólares en la empresa, el buque insignia de la economía brasileña.
Por culpa del escándalo, Petrobras cerró 2014 con 7.100 millones de dólares en pérdidas -los primeros números rojos desde 1991-, y los efectos aún se dejan sentir a día de hoy: grandes obras de infraestructura han sido paralizadas al estar envueltas en sospechas de sobrecostes y presupuestos inflados, lo que a su vez ha provocado el despido de decenas de miles de trabajadores.
Pero el terremoto se dejó sentir sobre todo en el ámbito de la política: algunos de los principales empresarios del país, funcionarios públicos y políticos del Partido de los Trabajadores (PT) y de su aliado el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) están implicados, aunque la formación que tiene a más políticos manchados es el Partido Progressista (PP), que está en la oposición.
El escándalo ha dañado gravemente la reputación de la presidenta Dilma Rousseff y ha dado alas a las peticiones para apartarla del Gobierno iniciando un proceso de 'impeachment' y cientos de miles de brasileños han salido a las calles en los últimos meses para protestar contra la corrupción.
Paradójicamente las posibilidades de un 'impeachment' basado en el caso Petrobras están disminuyendo poco a poco, a medida que el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha (PMDB) -el principal látigo contra Rousseff- se está viendo más implicado en el escándalo, lo que desautoriza su anterior discurso anticorrupción.
Mientras tanto, en el ámbito empresarial Petrobras trata de volver poco a poco a la normalidad, después de haber prohibido firmar nuevos contratos con las empresas que participaron en los sobornos y exigiendo controles más exhaustivos a las más de 13.000 empresas proveedoras, que ahora tienen que demostrar que tienen mecanismos propios para detectar irregularidades y deben someterse a las auditorías de la propia Petrobras.
A pesar del impacto en las arcas de la compañía y en la reputación de Brasil en ocasiones se logra revertir parte del daño, como esta semana, cuando la empresa holandesa SBM anunció que devolverá 263 millones de dólares en concepto de indemnización después de llegar a un acuerdo con la Controladoría General de la Unión (CGU).