BRUSELAS 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento europeo decidirá finalmente en su sesión plenaria de la próxima semana si ratifica o no el acuerdo negociado entre la Unión Europea y Reino Unido para fijar el marco de su relación futura, cumpliendo así el plazo previsto a pesar de las tensiones con Londres por incumplir los plazos de aplicación de las disposiciones que afectan a Irlanda del Norte del acuerdo previo de divorcio.
Tanto el debate como la votación de una resolución y de la ratificación tendrán lugar en el segundo día de sesión, el martes, y se espera contar con la participación en el debate del que fue el negociador europeo tanto para el acuerdo del Brexit como para la relación futura, Michel Barnier.
Así lo han decidido este jueves los jefes de los grupos parlamentarios durante la reunión de la Conferencia de Presidentes para decidir el orden del día del próximo pleno.
Las condiciones de la nueva relación bilateral se aplican de manera provisional desde el pasado enero para evitar una ruptura a las bravas habiendo logrado un acuerdo 'in extremis' el día de Navidad, pero esta situación interina expira el próximo 30 de abril.
La ratificación por parte de la Eurocámara y del Consejo es una condición necesaria para que el pacto pueda aplicarse de manera definitiva cuando caduque esta transición, pero los grupos parlamentarios se resistían en las últimas semanas a incluir el voto en la agenda de este pleno por las dudas respecto al Gobierno de Boris Johnson.
La Comisión Europea, de hecho, inició en marzo un expediente sancionador contra Reino Unido por incumplir el protocolo irlandés incluido en el Tratado de Retirada, al aplazar de manera unilateral el control aduanero en el mar de Irlanda sobre las mercancías que pasan de Gran Bretaña a Irlanda del Norte.
Bruselas dio entonces un mes al Gobierno de Boris Johnson para defenderse en el procedimiento de infracción, pero Londres ha dicho que necesitará un mes más para responder, lo que mantiene abierta esta disputa. Si el asunto no se resuelve en la fase de diálogo, el Ejecutivo puede en última instancia elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.