MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha asegurado este viernes que la protesta convocada el próximo martes para pedir una intervención del Tribunal Supremo Federal (STF) se trata de un "ultimátum" para "uno o dos" de los jueces del órgano.
En un discurso pronunciado desde la ciudad de Bahía, el mandatario brasileño ha indicado que sus acciones están dentro de las "cuatro líneas de la Constitución", también podría hacer cumplir "la voluntad del pueblo" si alguien no la obedece, informa el portal de noticias O Globo.
En referencia a los jueces que desaprueba, aunque no ha proporcionado ningún nombre concreto, ha precisado que "tienen que entender cuál es su lugar", por lo que el mensaje del próximo martes en la manifestación, a la que ha asegurado acudirán dos millones de personas, será "un ultimátum".
"No soy yo quien da este ultimátum, es el pueblo brasileño, un pueblo al que todos los políticos debemos libertad", ha remachado el presidente. "Inclínense ante la Constitución, respete nuestra libertad, entienda que ustedes dos están en el camino equivocado porque siempre hay tiempo para redimirse", ha advertido.
A pesar de no haber mencionado a ningún juez, Bolsonaro ha mostrado en ocasiones anteriores desavenencias con los jueces Alexandre de Moraes y Luis Roberto Barroso, que además de pertenecer al Supremo es el presidente del Tribunal Superior Electoral. Contra De Moraes ya ha presentado un juicio político en el Senado que, sin embargo, no ha prosperado, mientras que de Barroso ha dicho que está planeando un "fraude" para los comicios de 2022.
La protesta convocada para el 7 de septiembre ha sido rechazada y condenada tanto por el Supremo como por el Congreso, así como por sindicatos y partidos políticos, entre otros.
CRÍTICAS ANTE UNA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL MILITAR
Otro de los frentes abiertos de crítica en Brasil es un proyecto de ley que pretende modificar el Código Penal Militar, algo de lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha alertado "generaría exención de responsabilidad penal de agentes de seguridad frente a graves violaciones de Derechos Humanos".
En este sentido, se ha mostrado "muy preocupada" y ha recordado a Brasil que "son inadmisibles las disposiciones de amnistía y de prescripción, así como establecer excluyentes de responsabilidad que busquen impedir la investigación y sanción a responsables de las violaciones graves de Derechos Humanos", por lo que ha instado a abstenerse de aprobar este proyecto.