MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El partido oficialista de Bolivia, Movimiento Al Socialismo (MAS), ha anunciado que no votará a favor de que la expresidenta del país Jeanine Áñez se enfrente a juicios de responsabilidades, un proceso que la misma exmandataria ha pedido iniciar.
Así, y pese a que en las últimas horas ha habido rumores de lo contrario, el MAS se opondrá a la medida en la correspondiente votación en la Asamblea Legislativa, imposibilitando el apoyo necesario de dos tercios de la Cámara.
Según fuentes oficialistas, el proceso judicial contra Áñez debe continuar por la vía ordinaria pues consideran que la exmandataria lideró un gobierno 'de facto' durante un año, de noviembre de 2019 a 2020, recoge el diario 'El Deber'.
Áñez publicó el miércoles un comunicado en sus redes sociales en el que instaba a los líderes de la oposición a impulsar un juicio de responsabilidades en su contra, facilitando así ser juzgada en virtud de exmandataria y no por la vía ordinaria.
"Me dirijo a ustedes a objeto de solicitarles interponer sus buenos oficios (...) para otorgar viabilidad a los requerimientos acusatorios de juicio constitucional de responsabilidades contra mi persona, con el fin de establecer la verdad de los hechos ante el país", apuntó Áñez.
Al día siguiente, el jueves, el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, y el gobernador de Santa Cruz y jefe del partido Creemos, Luis Fernando Camacho, conversaron telefónicamente y coincidieron en resaltar "la necesidad y el compromiso" de coordinarse en este aspecto.
Sin embargo, el expresidente Mesa ya reconoció la complejidad de la petición de Áñez, pues la autorización de estos procesos pasa por la voluntad del MAS, que controla los dos tercios de la Asamblea Legislativa.
La expresidenta Áñez, en prisión preventiva desde marzo de 2021 por el caso 'Golpe de Estado', tiene abiertos en su contra cuatro proposiciones acusatorias para ser juzgada mediante juicios de responsabilidades, entre ellas por las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, donde más de 20 civiles perdieron la vida y otros casi 200 resultaron heridos.
Además, en el marco de la crisis política de aquel año, la expresidenta tiene abierto el caso 'Golpe de Estado I', en el que se le acusa de terrorismo, conspiración y sedición; y el caso 'Golpe de Estado II', donde se investigan delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución por su forma de asumir la Presidencia.