MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, ha informado este martes de que el exministro de Gobierno Arturo Murillo, acusado de malversación de fondos en la compra de material antidisturbios durante el Gobierno anterior, se encuentra en Estados Unidos desde el pasado 12 de noviembre de 2020.
Lanchipa ha confirmado que, "según reportes que llegan desde Estados Unidos", Murillo se encuentra en aquel país desde el 12 de noviembre, semanas después del triunfo del presidente Luis Arce en las elecciones de octubre.
Las declaraciones de Murillo corroboran las sospechas acerca del paradero de Murillo, quien habría abandonado el país el pasado 5 de noviembre rumbo a Estados Unidos, previo paso por Brasil y Panamá.
Junto a él salió del país el exministro de Defensa, Fernando López, quien se cree sigue en Brasil. Ambos están siendo investigados en Bolivia por la supuesta compra con sobrecoste de material antidisturbios para las Fuerzas Armadas y la Policía durante el Gobierno interino de Jeanine Áñez en el marco de la represión contra los manifestantes y partidario del expresidente Evo Morales.
Lanchipa ha explicado que si bien Murillo se encuentra en Estados Unidos no así el resto de personas por las que habían pedido a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la alerta azul, con la que se recopila información sobre la identidad, la ubicación, y las actividades delictivas del investigado.
"Hemos reiterado la solicitud de la notificación azul, hemos hecho el reclamo ante la Interpol y esperamos tener buenos resultados en los próximo días", ha confiado el fiscal general.
La nueva reclamación de Bolivia se produce un mes después de que la Interpol optara por rechazar sus primeras demandas en este sentido, al considerar que los asuntos por los que Murillo, López y el exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora estaban siendo investigados eran de carácter "político", el mismo argumento que utilizó para desestimar la detención de Morales por sedición.
En el caso de Zamora, después de que no se le localizara en ninguna de sus residencias en Bolivia, la Policía decretó su búsqueda, debido a los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción que habría cometido en la compra directa de bienes y servicios de seguros para la estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por valor de 49 millones de bolivianos (unos seis millones de euros) durante la crisis del coronavirus, a pesar de contravenir las normas de contratación de la petrolera.