LA PAZ, 24 May. (Notimérica/EP) -
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ha anunciado que excluirá de las listas de candidatura a las elecciones presidenciales que se disputarán el próximo 12 de octubre a todos aquellos que hayan sido declarados culpables por delitos de violencia contra mujeres o algún miembro de la familia.
La medida, amparada en la Constitución y en el artículo 13 de la Ley para Garantizar a las Mujeres una vida Libre de Violencia, establece que no contar con antecedentes en "violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia" es un requisito indispensable para acceder a cualquier cargo público, aunque no se tendrán en cuenta las denuncias por maltrato.
Estas serán las primeras elecciones en las que se lleve a cabo una restricción de este tipo sobre los candidatos. El vocal del TSE Ramiro Paredes ha explicado que "cualquier varón que tenga antecedentes o estas actitudes (violentas) por ética ni siquiera debería presentarse (a las elecciones)", según el diario boliviano 'La Razón'.
Los candidatos para las elecciones tendrán que presentar un certificado de antecedentes emitido por el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia, en razón de Género (SIPPASE) y presentarlo ante el TSE para que se pueda proceder a su inclusión en las listas.
LEY CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
La ley que garantizara a las mujeres el derecho a no sufrir violencia física, sexual y psicológica en Bolivia no vio la luz hasta el pasado marzo de 2013, cuando se publicó bajo el nombre de Ley 348 contra la violencia femenina.
El SIPPASE establece al menos 16 tipos de violencia de género. El pasado mes de abril la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) presentó un informe correspondiente a 2013 que daba cuenta de 21.500 casos y ocho asesinatos por violencia machista.
A nivel político, entre 2012 y 2013, se descubrieron al menos cuatro denuncias de violencia de género que involucraban a legisladores de la Asamblea Plurinacional. Entre los implicados, estaban los senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) Adolfo Mendoza y Fidel Surco; además del diputado de Unidad Nacional (UN) Jaime Navarro.