Ve en la decisión del fiscal un paso importante hacia la justicia para los rohingyas y la rendición de cuentas de los militares birmanos
Pide al Consejo de Seguridad de la ONU un embargo de armas y sanciones a los dirigentes de la junta
MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch ha celebrado la solicitud de una orden de detención contra el líder de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing, emitida este miércoles por la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) en el marco de su investigación por crímenes contra la humanidad en el país, en particular contra la comunidad rohingya.
"La solicitud de la Fiscalía es una fuerte advertencia a los abusivos líderes militares de Birmania de que no están fuera del alcance de la ley. Y envía a la comunidad rohingya un importante mensaje de que su lucha por la justicia no ha sido olvidada", ha declarado la asesora principal de justicia internacional de HRW, Maria Elena Vignoli.
En un comunicado, la ONG ha celebrado esta decisión, que la ve como "un paso importante hacia la justicia para la población rohingya del país (...) y la búsqueda de responsabilidades por las atrocidades de 2016-2017" así como para "erosionar la impunidad que alimenta los continuos abusos de los militares".
Los abusos del Ejército de Birmania no se circunscriben a ese período, ha denunciado la ONG, sino que han seguido perpetrándose pese a las medidas provisionales del TPI emitidas en enero de 2020. "Envalentonados por décadas de impunidad, los militares de Birmania han cometido numerosos crímenes de guerra y contra la humanidad desde el golpe de Estado de 2021", ha lamentado la organización.
Según ha documentado HRW, en el último año, la junta militar ha detenido a miles de rohingya por "viajes no autorizados" y ha impuesto nuevas restricciones de circulación y bloqueos de ayuda en el estado de Rajine, hogar de esta minoría.
Además, el Ejército birmano y la guerrilla local del Ejército de Arakán --histórico grupo separatista que prosigue su lucha contra los militares, ahora en el marco del conflicto derivado del golpe de Estado propinado por la actual junta militar birmana en 2021- han cometido "asesinatos masivos, incendios provocados y reclutamientos ilegales contra la población rohingya" e incluso han colocado "minas terrestres" a lo largo de la frontera con Bangladesh.
Ante esta crisis en el país asiático, la ONG ha lamentado una respuesta insuficiente, "fragmentada y vacilante" de la comunidad internacional. En especial, el Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene autoridad para emitir resoluciones jurídicamente vinculantes, ha permanecido "paralizado" y no ha adoptado medidas "tangibles" desde finales de 2022.
"El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debería ampliar la jurisdicción del TPI para abordar todo el alcance de la criminalidad remitiendo la situación en Birmania al tribunal", ha señalado Human Rights Watch.
Asimismo, la ONG ha instado al organismo a impulsar una resolución que incluya "un embargo mundial de armas, la imposición de sanciones selectivas a los dirigentes de la junta y a las empresas de propiedad militar y la solicitud de informes periódicos del secretario general de la ONU sobre la situación".
"Con pocas opciones para hacer justicia, el TPI está haciendo exactamente el trabajo para el que fue creado. Los países miembros del TPI deben respaldar plenamente a la corte y alzar la voz para apoyar y defender su mandato global independiente", ha declarado Vignoli.
La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha solicitado a la corte la emisión de una orden de arresto contra el líder de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing, por crímenes contra la humanidad, en particular por la persecución de la comunidad rohingya en el estado de Rajine y el consiguiente éxodo masivo a Bangladesh.
La oficina del fiscal Karim Khan atribuye al líder birmano, que gobierna el país asiático desde el golpe de Estado de febrero de 2021, una responsabilidad penal en delitos de deportación y persecución, en relación a abusos perpetrados por las Fuerzas Armadas de Birmania, que él comandaba, entre agosto y diciembre de 2017.