Acusa al Gobierno de recudir el espacio democrático e incumplir su obligación de garantizar la comida y atención médica
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha urgido al Gobierno de Nicolás Maduro a adoptar "medidas específicas" para "detener y remediar las graves vulneraciones" de los Derechos Humanos en Venezuela que ha documentado en un informe publicado este jueves.
La oficina de Bachelet sostiene que en la última década, aunque especialmente desde 2016, "el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno".
"Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el Poder Ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de los Derechos Humanos", precisa.
En concreto, señala la "paulatina militarización de las instituciones del Estado". En el periodo que abarca el informe, entre enero de 2018 y mayo de 2019, "tanto a las fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y sus familiares, violencia sexual y de género durante los periodos de detención y las visitas y uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones".
Llama la atención sobre las fuerzas especiales, el FAES, con una proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales "sorprendentemente elevada". Solo en 2018, el Gobierno registró 5.287 muertes por supuesta resistencia a la autoridad durante operativos del FAES. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año, ya van 1.569. Sin embargo, "otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores", alerta.
También culpa a los "grupos armados civiles pro gubernamentales, conocidos como colectivos", de contribuir al "deterioro de la situación al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones". La oficina de Bachelet ha documentado 66 muertes durante las protestas celebradas entre enero y mayo, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad o a los colectivos.
PRESOS POLÍTICOS
La ONU denuncia igualmente que a 31 de mayo había al menos 793 "personas privadas arbitrariamente de la libertad", así como 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su vicepresidente, Edgar Zambrano, que han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
Bachelet ha celebrado la liberación de 62 "presos políticos", si bien ha pedido a las autoridades venezolanas que excarcelen "a todas las demás personas detenidas o privadas de libertad por haber ejercido de manera pacífica sus derechos fundamentales".
El informe hace hincapié en que "la mayoría de las víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos no han tenido acceso real a la Justicia ni a una reparación adecuada". "Según los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial", apostilla.
A ello se suma que "el Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de los Derechos Humanos".
La oficina de Bachelet hace una mención específica a la libertad de expresión, afirmando que "el espacio para los medios de comunicación libres e independientes se ha reducido mediante la prohibición o la clausura (de los mismos) y la detención de periodistas". "En los últimos años, el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional", asegura.
SIN COMIDA NI ATENCIÓN MÉDICA
El informe constata asimismo que "el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria", aunque aprecia que, si bien "Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se impusieran sanciones a algunos de sus sectores, (...) las últimas sanciones económicas, vinculadas a la exportación de petróleo, están agravando los efectos".
En cuanto al derecho a la alimentación, el informe indica que "la escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres", algunas de las cuales cuentan que pasan una media de diez horas al día haciendo cola para conseguir comida.
La ONU reconoce que "el Gobierno ha realizado esfuerzos para afrontar esta situación mediante programas sociales", pero al mismo tiempo le reprocha que "amplios sectores de la población carecen de acceso a la distribución de comida y las personas entrevistadas acusaron a las autoridades de excluirles" por ser opositoras.
"La situación sanitaria del país es grave", asevera, indicando que "los hospitales carecen de personal, medicamentos y electricidad". La Encuesta Nacional sobre Hospitales de 2019 reveló que entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 se produjeron 1.557 fallecimientos en los hospitales por falta de suministros.
"LOS VENEZOLANOS MERECEN UNA VIDA MEJOR"
"Todos deberíamos estar de acuerdo en que los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, al agua, a la atención médica y a una vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas", ha dicho Bachelet.
De lo contrario, ha avisado de que "continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país", que Naciones Unidas ya cifra en más de cuatro millones de personas, y "empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él".
Para revertir esta "compleja" situación, el informe --elaborado a partir de 558 entrevistas con víctimas y testigos de estas violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela y otros ocho países, de la reciente visita de Bachelet y de "otras fuentes"--, hace "recomendaciones claras" al Gobierno de "medidas que se pueden adoptar de inmediato".
"El Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas --entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la Justicia-- y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión", ha revelado Bachelet.
La Alta Comisionada ha confiado en que el Gobierno "examine con detenimiento" el informe y "aplique sus recomendaciones". En cualquier caso, ha subrayado que ya ha trasladado su contenido y los relatos recogidos durante su estancia en Venezuela a "las autoridades competentes".
Adelantándose a las posibles críticas del Palacio de Miraflores, la ex presidenta chilena ha recalcado que "este informe no trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los Derechos Humanos a los que todo venezolano tiene derecho".
"Exhorto a todas las personas con poder e influencia--tanto en Venezuela como en el resto del mundo-- a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi oficina está lista para seguir apoyando", ha declarado.