Recusa al juez del Supremo Manuel José García, cuyo nombramiento por decreto sería inconstitucional
MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner ha anunciado este lunes que su equipo de abogados han presentado un recurso de queja ante el Tribunal Supremo por la condena a seis años de prisión en el conocido como 'caso Vialidad', agotando así la última vía para tumbar la sentencia.
Fernández de Kirchner ya recurrió la sentencia ante el Tribunal de Casación Federal, el máximo tribunal penal del país, que rechazó el recurso y dejó a la expresidenta la única alternativa de presentar esta queja al Supremo pero sin el aval de Casación, lo que le resta peso y posibilidades de éxito.
La expresidenta ha denunciado en sus redes sociales que esta queja ante el Supremo se produce después de que el Tribunal de Casación desestimara su recurso "sin responder ni tratar las violaciones de derechos y garantías constitucionales planteadas", ni tampoco a "la arbitrariedad manifiesta de la sentencia".
Más tarde, el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, ha celebrado una rueda de prensa desde la sede del Partido Justicialista --liderado por Fernández de Kirchner-- desde donde ha recalcado que la queja ante el Supremo se produce no porque su cliente haya cometido un delito, sino "justamente por ha hecho muchas reformas que hay gente que no le perdona".
"Cristina nunca tiene miedo" de ir presa, ha manifestado Beraldi, si bien es cierto que aun en caso de que el Supremo no le de la razón y se ratifique la condena contra Fernández de Kirchner, la expresidenta podría evitar ingresar en prisión y beneficiarse con una medida de arresto domiciliario prevista personas mayores de 70 años.
Así, Fernández de Kirchner agota su último recurso judicial para apelar la sentencia a seis años de prisión por delitos de corrupción relacionados con la gestión de una obra pública en la provincia de Santa Cruz, que derivó en una condena de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos por fraude contra la administración.
La Justicia dio por probado que entre 2003 y 2015 existió una "inédita" maniobra de fraude al Estado a través del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, llevada a cabo por funcionarios de distintos niveles y un único empresario de la construcción: Lázaro Báez, dueño del conglomerado de firmas vinculadas a Austral Construcciones.
RECUSACIÓN A UN JUEZ DEL SUPREMO
Por otro lado, la expresidenta ha presentado también una solicitud de recusación contra Manuel José García Mansilla, magistrado a quien el presidente argentino, Javier Milei, nombró por decreto como juez del Supremo "violando la Constitución Nacional".
La expresidenta ha alertado de que en el pasado Milei aseguró que ella "va a ir presa", lo que considera es una "intolerable intromisión en asuntos judiciales" y que además se puede interpretar casi como "una orden" para los jueces del Supremo.
"Repercute en forma directa en la situación del juez nombrado en comisión, quien ha sido emplazado en el cargo, como ya se dijo, por exclusiva voluntad de Javier Milei, quien reclama la condena a prisión de mi persona", ha añadido la dirigente.