BRUSELAS, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Unión Europea y los Gobiernos de los Veintiocho no reconocerán la Asamblea Constituyente salida de las elecciones del pasado domingo en Venezuela, que han sido boicoteadas por la oposición, aunque han evitado por ahora avanzar en sanciones contra dirigentes responsables de la crisis en Venezuela, tal y como ha reclamado España pero han rechazado países como Portugal y Grecia.
Los Veintiocho han instado al Gobierno de Nicolás Maduro a "tomar medidas urgentes para rectificar" y han avisado de que "la Unión Europea y sus Estados miembro están listos para aumentar gradualmente su respuesta en el caso de que los principios democráticos se socaven más y la Constitución de Venezuela no sean respetada" a través de una declaración de la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, consensuada previamente con los Veintiocho.
España ya dejó claro el domingo que no reconocerá los resultados de la Asamblea Constituyente y ha reclamado este martes que la UE apruebe medidas "restrictivas" contra "los responsables de la situación" en Venezuela tras la nueva detención de los líderes opositores Antonio Ledezma y Leopoldo López.
Portugal ha dejado claro sin embargo este martes que es "favorable a la vía diplomática", mientras que Grecia también ha defendido que "la Unión Europea debe crear la base para desempeñar un papel más eficaz en el futuro, como mediador" en la crisis venezolana con otros y ha esgrimido que "cualquier tipo de sanción podría traer el resultado opuesto", han explicado a Europa Press varias fuentes diplomáticas.
La UE y los Gobiernos europeos lamentan "profundamente" la decisión de las autoridades venezolanas de "seguir adelante" con la elección a la Asamblea Constituyente, que ha "empeorado la crisis" y "corre el riesgo de socavar otras instituciones legítimas previstas por la Constitución tales como la Asamblea Nacional".
"La Unión Europea y sus Estados miembro por tanto no pueden reconocer la Asamblea Constituyente dado que tienen preocupaciones sobre su representatividad efectiva y legitimidad y hacen un llamamiento al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, para que tome medidas urgentes para rectificar el rumbo de los acontecimiento", han subrayado en el texto pactado.
En concreto, los Veintiocho dejan claro al régimen de Caracas que "la inauguración efectiva de la Asamblea Constituyente debe ser suspendida y las atribuciones de todas las instituciones previstas por la Constitución deben ser explícitamente reconocidas".
"Ninguno de los embajadores de la UE en Caracas participarán en la ceremonia de apertura de la Asamblea. Hay un acuerdo común y se ha decidido", han informado a Europa Press fuentes diplomáticas.
ELECCIONES CON "DUDAS"
Los Veintiocho afean que "las circunstancias" en las que se celebraron las elecciones del domingo "plantean dudas ulteriores sobre la capacidad de la Asamblea Constituyente de representar eficazmente a todos los componentes de la población venezolana y que "las atribuciones legales de la Asamblea Constituyente no están claras".
"Para todos aquellos que se oponen a negociaciones serias, ha dado una excusa para agudizar el conflicto y utilizar el poder sin control", ha avisado la UE en el texto consensuado.
La UE ha reclamado a "todos" los poderes en Venezuela -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-- con "mandato democrático" a "ejercer sus responsabilidades respectivas y negociar una solución" y ha defendido la necesidad de que se den "medidas de confianza tales como la liberación de todos los oponentes políticos encarcelados".
En este contexto, los Veintiocho han expresado su "profunda" preocupación por los casos de los líderes de la oposición Leopoldo López y Antonio Ledezma, que han sido evacuados de sus casas por las fuerzas de seguridad venezolanas y han reclamado "clarificaciones" sobre su paradero.
"La negociación, para tener éxito, necesita compromiso y garantías. También necesita el pleno respeto por los derechos constitucionales y los mandatos de todas las instituciones legítimas", especialmente la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo y la Fiscal General, han incidido en la declaración común.
En el texto, han respaldado las oferta de los países de la región y otros actores internacionales para "acompañar y facilitar" las negociaciones entre el Gobierno y la oposición y han asegurado que están "listos para apoyar activamente todos los esfuerzos" para ello, insistiendo en los cuatro puntos identificados en 2016 para el diálogo como son fijar un calendario electoral, abrir un canal humanitario, liberar a los presos políticos y respetar la Asamblea Nacional.
La UE ha vuelto a pedir a las autoridades venezolanas a garantizar "el pleno respeto por todos los Derechos Humanos" y han reiterado la disposición de la UE a "asistir en todas las cuestiones que puedan aliviar la situación cotidiana del pueblo venezolana". Asimismo, han instado a "todas las partes a abstenerse de la violencia, incluido a través de los grupos no identificados de civiles armados".