Vizcarra atribuye la orden de prisión a motivaciones políticas
MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Perú ha pedido este viernes 18 meses de prisión preventiva para el expresidente y candidato al Congreso Martín Vizcarra por presuntos sobornos que habría recibido cuando era gobernador por parte de las constructoras Obrainsa e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), empresas vinculadas a la trama corrupta del caso 'Club de la Construcción'.
El fiscal Germán Juárez, integrante del equipo especial para el caso 'Lava Jato', ha presentado la petición de prisión preventiva por los presuntos sobornos por las obras del proyecto Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua cuando ocupaba el cargo de gobernador de esta región en 2013 y 2014.
El expresidente Martín Vizcarra aseguró que el pedido de 18 meses de prisión preventiva en su contra hecho por la Fiscalía "no va a prosperar", pero consideró que es un intento más para afectar su candidatura al Congreso.
Para Vizcarra "no hay argumentos" para pedir 18 meses de prisión preventiva. "Para prisión preventiva tiene que haber peligro de fuga. Si mis documentos están en poder de la Fiscalía, los pasaportes los tiene la Fiscalía, tengo arraigo. Qué mayor arraigo es que estoy postulando al Congreso", ha afirmado en declaraciones a la prensa peruana ante su domicilio.
"El propio fiscal (Germán) Juárez Atoche, que constantemente ha adelantado opinión, es el que más sabe que no hay argumentos (...). Quiere usar este pedido para afectar nuestra candidatura, para que sea titulares en medios de comunicación", ha indicado en referencia a su candidatura a las elecciones legislativas del 11 de abril.
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El Poder Judicial ha programado para el próximo miércoles a las 9.30 horas la audiencia en la que evaluará la petición de 18 meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra por los delitos de cohecho, colusión y asociación ilícita para delinquir.
Este mismo caso, vinculado al 'Club de la Construcción' -- un consorcio de empresarios que, a cambio de contratos de obras públicas, hacía pagos a funcionarios--, provocó su salida de la presidencia en noviembre de 2020 y le impide salir del país por una orden judicial, informa el medio peruano RPP Noticias.
En el caso del proyecto Lomas de Ilo, Vizcarra recibió un pago ilícito de un millón de soles (cerca de 226.000 euros) del consorcio Obrainsa-Astaldi, según reveló 'El Comercio'.
Parte de los presuntos sobornos se habrían pagado con el alquiler de una avioneta para trasladar a un grupo de funcionarios bolivianos que viajaban entre las ciudades de Lima e Ilo para reunirse con el exmandatario, a petición de él mismo.
Respecto al Hospital Regional de Moquegua, según destapó el mismo diario, el consorcio de ICCGSA e Incot pagó 1,3 millones de soles (más de 293.000 euros).
Vizcarra, ahora candidato al Congreso por el partido Somos Perú, rechazó en diversas ocasiones las acusaciones señalando que se trataban de testimonios que intentaban "desestabilizar al país", si bien en noviembre de 2020 la jueza Álvarez Camacho dictó la prohibición de salida del país durante 18 meses para el expresidente en relación a estos presuntos casos de corrupción.
La decisión se tomó a partir de una solicitud del fiscal que ha emitido ahora la petición de prisión preventiva, debido a que existía "un riesgo fundado de fuga" ya que "contaba con ingresos suficientes" para ello y era "un ciudadano más" tras haber dejado la presidencia del país.