MÉXICO DF, 21 Oct. (Notimérica/EP) -
Las trece ciudades que el pasado domingo fueron tomadas por la Policía Federal, ante la sospecha de que hay agentes municipales que mantienen relación con grupos criminales, arrastran numerosas casos de secuestros, asesinatos y acusaciones de vínculos entre la policía y el crimen organizado.
Una de ellas está situada en el Estado de México y doce pertenecen a Guerrero, donde se encuentra la ciudad de Iguala, en la que desaparecieron 43 normalistas --estudiantes de magisterio-- la noche del 26 al 27 de septiembre. Un estado en el que, en los últimos diez años, medio centenar de funcionarios, incluidos 20 alcaldes, han sido inhabilitados por corrupción, según informa el diario 'Milenio'.
Apaxtla, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, General Canuto Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pilcaya, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Teloloapan, Taxco de Alarcón, Tlapehuala e Ixtapan de la Sal son los municipios que han sido tomados este domingo por la Policía Federal y que, en numerosas ocasiones, han sido conocidos por los violentos sucesos que se han dado en ellos.
Situada en las proximidades de Iguala, Teloloapan es uno de ellos. Este viernes acaparaba la atención mediática, cuando se daba a conocer el asesinato de tres personas, presuntamente a manos del crimen organizado, después de que el Gobierno de la nación reforzase la seguridad con 200 agentes federales.
Una ciudad conocida porque, en sus proximidades, un grupo criminal efectuó el pasado 5 de abril el secuestro de 20 personas, tras realizar revisiones selectivas a automovilistas y unidades del transporte público, en el cruce de la carretera a Iguala con Ixcateopan.
Y es que el crimen organizado ha acabado determinando la vida de los mexicanos de este Estado, como se evidenciaba en Pilcaya, San Miguel de Totolapan y Apaxtla, donde centenares de personas han huido de sus ciudades durante el último año, ante el repunte de la violencia y la inseguridad reinante en la zona.
Además, Coca Cola se vio obligada a cerrar su planta de Arcelia, situada en la zona central del Estado de Guerrero, el pasado 6 de agosto, por los continuos ataques que recibía y que tuvieron su punto más álgido con la quema de cuatro camiones de la empresa.
Tampoco es la primera vez que Ixtapán de la Sal, único municipio controlado por las fuerzas federares que pertenece al estado de México, es señalado por la sospecha de que su policía mantenía vínculos con el crimen organizado. Hace dos meses, varios agentes fueron trasladados a instalaciones del Ejército para probar su conexión con bandas delictivas.
Se trata de trece municipios en los que la desesperación de sus habitantes provoca que, en numerosas ocasiones, se vean obligados a huir, dejando atrás el miedo y la violencia que impone el crimen organizado.