MÉXICO DF, 8 Oct. (Notimérica/EP) -
Tachado de "inhumano asesinato" por la Organización de Estados Americanos, la masacre de Iguala, en la que al menos 17 estudiantes de magisterio han sido ejecutados y otros 26 se encuentran desaparecidos, ha conmocionado a México, que relee los dantescos relatos de compañeros y familiares de estos universitarios.
Un episodio más de la espiral de violencia que lleva sacudiendo el país desde hace décadas y que evidencia la falta de control que continúa teniendo el Estado sobre la seguridad del país y sobre sus propios cuerpos y fuerzas de seguridad pues, según las últimas investigaciones, fue la propia policía municipal la que puso a los universitarios detenidos en manos de dos sicarios.
La ciudadanía observa escandalizada este suceso y pone el punto de mira en el Gobierno a quien le corresponde ahora garantizar la transparencia de la investigación y demostrar que su fuerza es mayor que la del crimen organizado. Y a pesar de que el presidente del país, Enrique Peña Nieto, ha repetido insistentemente que no habrá "el más mínimo resquicio para la impunidad", la sociedad sabe que en México la corrupción campa a sus anchas y que solo el 1,6 % de los delitos que se comenten es castigado.
Por el momento, dos de los principales sospechosos en la investigación, el alcalde de Iguala y su jefe de seguridad, se encuentran en paradero desconocido y 110 policías de este municipio están siendo examinados para determinar su grado de implicación en el crimen organizado.
Por su parte, el Gobierno trata de demostrar su capacidad para esclarecer este suceso, calificado por Peña Nieto de "indignante, doloroso e inaceptable", y para ello ha ordenado a la Gendarmería, el nuevo cuerpo policial creado para luchar contra el narcotráfico, tomar el control de la ciudad, tratando así de poner fin al caos que vive la región.
La lucha contra el crimen organizado es para quien se erija presidente del país el principal escollo de su mandato. Peña Nieto, que se jactó de haber sido capaz de detener a uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia del país, 'El Chapo' Guzmán, tendrá que demostrar que su política contra el la inseguridad ciudadana funciona o, por lo menos, que es algo más eficaz que la de su antecesor, Felipe Calderón, que le declaró la guerrera al crimen y sacó el ejército a las calles, generando un aumento escalofriante de la violencia.
Mientras tanto, los ciudadanos de Iguala viven atemorizados ante el poder de crimen organizado y prefieren no hacer declaraciones a la prensa. Esperan que se señale a los culpables y se esclarezca la verdad, como durante las últimas semanas ha prometido el Gobierno mexicano, que tendrá que cumplir con su palabra si quiere seguir contando con la confianza de los ciudadanos.