MÉXICO DF, 23 Oct. (Notimérica) -
La desaparición de 43 estudiantes el pasado 26 de septiembre en el municipio mexicano de Iguala, tuvo como origen una fiesta. En concreto, la celebración que el alcalde, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, estaban realizando esa noche con motivo del informe de actividades de ésta última, presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Ambos temían que se repitiera lo acontecido en julio de 2013, cuando la alcaldía de Iguala, ya con José Luis Abarca como presidente municipal, fue agredida en un conflicto entre personas afines al alcalde y el grupo Unión Popular Emiliano Zapata.
De acuerdo con los antecedentes y las declaraciones de integrantes del ayuntamiento, en este incidente de hace más de un año participaron estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
Con estos antecedentes, lo acontecido el 26 de septiembre en Iguala "constituyó una represión violenta" por parte de las policías del municipio y de los de Cocula, dirigidos por el grupo criminal Guerreros Unidos, "con la intención de disuadir a un grupo de personas a hacer presencia en el evento de celebración que el alcalde y su esposa estaban realizando esa noche en Iguala, con motivo del informe de la segunda", según ha señalado el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien ha destacado que no cesarán hasta esclarecer lo sucedido.
Según el relato del alto funcionario, sobre las seis de la tarde del pasado 26 de septiembre, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos abordaron en Ayotzinapa dos autobuses que arribaron a Iguala alrededor de las nueve de la noche. A su llegada tomaron dos camiones más y lesionaron a un chofer.
Informantes de Guerreros Unidos y de la policía de Iguala, reportaron al Centro de Control de la policía el arribo de los estudiantes, y,
presumiendo que el grupo se dirigía a sabotear la celebración que se realizaba en esos momentos por la esposa del alcalde, éste dio la orden de enfrentar a los estudiantes.
Para ello se pidió apoyo a la Policía de Cocula, que junto con la de Iguala, bloqueó la carretera, evitando el desplazamiento de los autobuses en que se movían los estudiantes.
MUERTE DE UN ESTUDIANTE
Ya en ese primer incidente, un policía municipal mató con un arma de fuego a uno de los estudiantes, tras lo cual, éstos intentaron darse a la fuga en un camión, siendo perseguidos por la Policía de Iguala, que en
la confusión reinante, disparó al autobús que transportaba al equipo de fútbol 'Los Avispones de Chilpancingo'.
Tras detener el camión en el que habían escapado los estudiantes, éstos fueron llevados a la Central de Policía de Iguala de donde fueron sacados después por policías del municipio de Cocula, que actuaban en complicidad con los de Iguala.
Según el procurador, el subjefe de la policía de Cocula, César Nava, estaba a las órdenes de los Guerreros Unidos, cuyo líder, Sidronio Casarrubias Salgado, capturado el pasado 18 de octubre, señaló a María de los Ángeles Pineda Villa, como la principal operadora de actividades delictivas desde la presidencia municipal.
Los estudiantes fueron subidos a una camioneta y llevados a la zona de Pueblo Viejo. Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, fue contactado por su lugarteniente, conocido como 'El Gil', quien reportó en un mensaje los conflictos que se estaban suscitando en Iguala, atribuyéndolos al grupo delictivo contrario (Los Rojos).
El camino de terracería que tomaron para llevar al grupo de personas retenidas ilegalmente es muy conocido por 'El Gil', ya que en esa zona está su vivienda, muy cercana al paraje donde se encontraron primero seis fosas, y después tres más.
En estas fosas se han realizado dos exámenes periciales; los dos primeros, uno por la PGR y otro por la Policía Federal, se basaron en muestras genéticas entregadas por la Fiscalía General de Guerrero. Los resultados de esos primeros exámenes resultaron negativos para identificar a los estudiantes desaparecidos.
El tercer peritaje está siendo realizado por forenses argentinos que ayudan en la investigación, y que tomaron muestras directas a los familiares de los estudiantes. Ahora se está en espera de los resultados que, según el procurador, serán "fundamentales" para corroborar o no la muestra que les fue entregada por la Fiscalía guerrerense.
¿QUÉ SE SABE HASTA AHORA?
Según el procurador, con las investigaciones realizadas hasta ahora, que han dado lugar a la detención de 52 personas, se tiene acreditado el modo de operar y los móviles del grupo delictivo de las policías y funcionarios de Iguala y Cocula; así como el aval de acción dado por Sidronio Casarrubias, y el lugar donde los detenidos fueron entregados a Guerreros Unidos.
También se tienen "plenamente identificados y acreditados" a los policías municipales de Iguala y Cocula que incurrieron en los ilícitos de secuestro y delincuencia organizada. Igualmente se ha detenido al líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, que se encuentra ya en prisión.
Además se han dado las órdenes de aprehensión contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y el Secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, como autores intelectuales de los hechos acontecidos en Iguala el 26 de septiembre, independientemente de la consignación que se les ha hecho por el homicidio del perredista Arturo Hernández Cardona en mayo de 2013.
María de los Ángeles Pineda Villa es pariente en grado directo de dos operadores financieros del grupo que dirigía Arturo Beltrán Leyva, abatido en Cuernavaca en el 2009, y a cuya muerte se dividió su grupo, creándose varios bandos, entre ellos, el de Guerreros Unidos, cuyo principal enemigo es el de Los Rojos.
Guerreros Unidos había tejido una red de complicidad en varias alcaldías, sobre todo con personal de seguridad municipal. En el caso concreto de Iguala, esta complicidad abarcaba desde autoridades municipales hasta la policía local.
Este grupo delictivo, de acuerdo con las declaraciones de los detenidos y de su propio líder, recibía del presidente municipal de 2 a 3 millones de pesos de manera regular, de los que al menos 600.000 eran destinados al control de la policía local, en la que el grupo criminal decidía incluso los nuevos ingresos de agentes.
Texto completo de la conferencia de prensa del Procurador General de la República
http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Oct/b19814.shtm
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