Traslada a las partes la queja de García Ortiz para que se pronuncien
MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo (TS) ha puesto en conocimiento de las demás partes la queja formulada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la difusión de sus datos personales, respecto a los cuales la sede judicial ha sostenido que debían incorporarse al sumario, si bien ha abierto la puerta a omitirlos de la causa donde le investiga por un presunto delito de revelación de secretos.
En una providencia, dictada este mismo jueves, el instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, traslada la queja a las partes "para que, en su caso, formulen alegaciones, en la medida que pueda verse afectado su derecho a la tutela judicial efectiva, caso de tales datos que se han de incorporar al sumario, en virtud de lo acordado en una resolución jurisdiccional, fueran omitidos".
Además, recuerda, "una vez más, a las partes el deber de reserva que (...) incumbe a todas ellas, así como las reiteradas ocasiones en que ha venido insistiendo en él este magistrado, en evitación de difusión pública, fuera de la causa, de datos e información que durante la instrucción vayan siendo incorporados a las actuaciones, de exclusivo uso para ellas".
El origen de la polémica son el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fechado el 7 de febrero y los anexos al mismo, que fueron notificados por el TS a todas las partes del caso donde se investiga al fiscal general y a otros dos fiscales --Pilar Rodríguez y Diego Villafañe-- por las presuntas filtraciones contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Ese informe obedece al encargo que el juez hizo en sendos autos del 7 y el 8 de enero, donde pidió: por un lado, los tráficos de llamadas y datos enviados y recibidos por el fiscal general desde sus dos líneas de teléfono --la personal y la del trabajo-- entre el 8 y el 14 de marzo; y, por otro, las conexiones de las tarjetas asociadas a esas líneas con terminales telefónicos desde que fueron activadas: febrero de 2020 (la del trabajo) y octubre de 2020 (la personal) hasta el 23 de octubre de 2024, cuando García Ortiz cambió de teléfono.
Fue el pasado lunes cuando el fiscal general se dirigió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quejándose de que entre el informe y el primer anexo --referido al tráfico de llamadas entrantes y salientes-- se habían difundido identidades, direcciones postales, números de teléfono y DNI tanto suyos como de otras personas, incluido un escolta, otro fiscal y un periodista.
Dos días después, el Consejo acordó iniciar actuaciones para estudiar tanto su queja como la de la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que también protestó en sendas misivas enviadas al CGPJ y al TS porque su número de teléfono aparecía en el informe.
Ese mismo miércoles por la tarde, García Ortiz presentó una ampliación de la queja para incluir el segundo anexo, donde la Guardia Civil informó al juez de las conexiones de las dos tarjetas del fiscal general con terminales telefónicos.
En este segundo escrito, el García Ortiz denunció que, respecto al tráfico de llamadas y datos, la UCO había excedido el mandato judicial porque, en vez de ceñirse estrictamente al periodo entre el 8 y el 14 de marzo, había aportado datos desde las 23.50 del 7 de marzo de 2024 hasta las 00.01 del día 15 de ese mismo mes.
En cuanto al segundo anexo, denunció igualmente que la UCO se había excedido porque, además de entregar al TS resúmenes que cubren el periodo señalado por Hurtado para este análisis --de febrero de 2020 a 23 de octubre de 2024--, aportó un listado detallado con los tiempos de conexión de sus terminales, desde las 9.59 del 5 de diciembre de 2023 hasta las 00.00.24 del 24 de octubre de 2024.
Para García Ortiz, según expuso al CGPJ, se trata de un minutaje desmesurado de su actividad diaria, personal y profesional, que no está justificado ni siquiera por su condición de imputado. A ello suma, adujo, que el hecho de que el Supremo lo notificara a todas las partes sin cautela alguna ha puesto en riesgo su seguridad y la de su familia. Por ello, instó al CGPJ ha adoptar medidas para salvaguardar su intimidad y seguridad.
DESDE ANTES DE SER FISCAL GENERAL
Cabe destacar que Hurtado encargó a la UCO que informara sobre las conexiones de las tarjetas telefónicas con terminales telefónicos desde febrero de 2020, esto es, más de dos años antes de que García Ortiz fuera designado fiscal general del Estado, en agosto de 2022. El juez se basó para ello en un informe anterior de la UCO, fechado el pasado 3 de enero, donde indicaba que las tarjetas se habían activado en febrero y octubre de 2020.
Además, se da la circunstancia de que, según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, la UCO resume las conexiones de la tarjeta de la línea de teléfono de trabajo con terminales telefónicos entre el 8 de marzo de 2024 y el 27 de enero de 2025, adjuntando un listado detallado de las conexiones entre el 30 de enero de 2024 y el 23 de octubre de 2024, desmarcándose así también del marco temporal establecido por el instructor.