BUENOS AIRES, 19 May. (Reuters/EP) -
La Justicia de Argentina ha suspendido este lunes el acuerdo entre el banco Citibank y los denominados fondos 'holdout', según una medida cautelar solicitada por el Ministerio de Economía del país sudamericano, tal y como informa el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández.
La medida implica que la sucursal argentina del Citibank debe abstenerse a "realizar cualquier acto" destinado a cumplir con el acuerdo suscrito en marzo pasado entre Citibank NA y el fondo NML Capital, entre otros demandantes. Dicho pacto fue homologado por el juez estadounidense Thomas Griesa.
Un fallo de Griesa en julio de 2014 dispuso que Argentina no puede cumplir con el pago de deuda reestructurada mientras no cancele un fallo a favor de acreedores que ganaron una millonaria demanda por un gigantesco 'default' (suspensión de pagos) en 2002.
El Citigroup quedó en medio de esta disputa legal al impedírsele realizar pagos de deuda que Argentina estaba honrando bajo legislación local.
Asimismo, la Justicia argentina ordenó al Citibank que se abstenga de "tomar decisiones que impliquen abandonar la custodia de títulos de Bonos Argentinos del Canje", que era lo que buscaba la entidad bancaria para salir de la problemática.
Argentina presentó una demanda en abril ante la justicia doméstica contra la filial local de Citigroup por el acuerdo que la casa matriz alcanzó previamente en Estados Unidos con acreedores de bonos no cancelados, en medio de una extensa batalla judicial por el pago de esos títulos.
Por el acuerdo alcanzado en marzo entre Citibank y los fondos que demandaron a Argentina en Nueva York --conocidos en el país sudamericano como 'fondos buitres'--, Griesa autorizó al banco a procesar pagos de deuda hasta que logre abandonar el negocio de custodia de esos bonos, a cambio de que la entidad no apele el fallo original que le impedía procesar pagos.
Después de la cesación de pagos de cerca de 100.000 millones de dólares del año 2002, Argentina ofreció dos canjes de deuda --en 2005 y 2010-- que implicaban una amplia quita y fueron aceptados por el 93 por ciento de los acreedores.
Sin embargo, los 'holdouts' no aceptaron la reestructuración y reclaman el pago de la totalidad de la deuda ante el juez Griesa.