BOGOTÁ, 26 Sep. (Reuters/EP) -
Un tribunal colombiano ha ordenado este jueves al Gobierno expulsar a once empresas mineras que realizan proyectos de explotación de oro en una zona selvática del noroeste de Colombia y restituir ese territorio a un grupo de indígenas que fueron obligados a abandonarlo por esas actividades y por la intensidad del conflicto armado.
El fallo, el primero de este tipo, favorece a 1.454 familias con una población de 7.270 personas de la comunidad Embera Katío que habitaba 50.000 hectáreas del municipio de Bagadó, en el departamento del Chocó, de donde se vieron forzadas a salir por la actividad minera, además de asesinatos, reclutamiento forzado y amenazas por parte de grupos armados ilegales.
En la región, estratégica para el tráfico de armas y drogas, ha existido presencia de guerrilleros izquierdistas, paramilitares de ultraderecha, bandas criminales y las Fuerzas Armadas del Estado que combaten a esos grupos.
"Los indígenas que habitaban en esta zona (...) se vieron forzados a desplazarse hacia grandes centros urbanos", indica el fallo al que ha tenido acceso la agencia de noticias Reuters.
Pese a ser una área de carácter especial, desde el 2008 el Gobierno entregó títulos mineros y recibió solicitudes que se extendieron a 31.000 hectáreas, un 62 por ciento del resguardo indígena, tal y como precisa la sentencia judicial del Tribunal Superior de Antioquia.
El fallo ordena a la gubernamental Agencia Nacional de Minería, con coordinación con las Fuerzas Armadas, "la expulsión de las personas ajenas a la comunidad que están ejecutando acciones de explotación minera dentro del resguardo".
Entre las mineras afectadas por la sentencia, que también ordena anular los títulos y los contratos de concesión, figura AngloGold Ashanti, con sede en Sudáfrica. Las otras empresas son locales, como Exploraciones Chocó Colombia, Góngora y El Molino.
La sentencia también ordena al Gobierno amparar y restituir los derechos territoriales del pueblo Embera Katío, además de poner en marcha las acciones necesarias para el regreso a sus parcelas, incluido una mejora de las condiciones de seguridad.
De acuerdo con Naciones Unidas y grupos de Derechos Humanos, en Colombia habitan 87 pueblos indígenas con alrededor de un millón de personas que se enfrentan al riesgo de desaparecer, principalmente por el conflicto interno de medio siglo que ha dejado más de 200.000 muertos y millones de desplazados.