BUENOS AIRES, 16 Ago. (Notimérica/EP) -
La decisión del Gobierno argentino de aplicar por primera vez la ley antiterrorista en el caso de la imprenta RR Donnelley "por alteración del orden económico y financiero" ha encendido el debate en el país latinoamericano. Mientras Cristina Fernández defiende la postura del gobierno, la oposición critica la decisión y pide la derogación de la ley.
"Estamos ante un verdadero caso de manejo fraudulento y de intento de atemorizar a la población", ha declarado Fernández de Kirchner. La empresa había solicitado la declaración de quiebra ante la justicia, que fue concedida de forma "exprés".
La imprenta manejada por el gigante estadounidense RR Donnelley ha dejado con este movimiento a 400 trabajadores en la calle, y para la Presidenta forma parte de un plan desestabilizador del que forma parte uno de los fondos buitre que litiga contra Argentina en los tribunales de Nueva York, según recoge 'La Nación'.
Así, las autoridades defienden aplicar la ley antiterrorista ante una "quiebra fraudulenta" y lo que conciben como un complot. El titular del 'fondo buitre' NML, Paul Singer, transfirió parte de sus acciones al fondo de inversión BlackRock, que participa en RR Donnelley.
La presidenta se ha defendido de las críticas asegurando que su gobierno "jamás impulsará ninguna ley para perseguir a los trabajadores, al pueblo o a la sociedad". La ley antiterrorista es "una ley para proteger a los argentinos", ha explicado.
LA OPOSICIÓN PIDE LA DEROGACIÓN
Por su parte, la oposición e instituciones argentinas consideran "arbitrario" el uso que el Gobierno quiere hacer de la ley. Así, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich, aboga por derogar la ley ya que la situación "demuestra que es una herramienta que puede usarse para cualquier cosa".
En las esferas políticas es dónde la ley ha cosechado mayores críticas. El presidente de Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, ha expresado su desacuerdo con una decisión que "empantana la economía". Al mismo tiempo criticó el despotismo de Fernández de Kirchner, quién según Sanz "hizo una clara demostración de su poder, agarró el micrófono y de un plumazo puso en riesgo el trabajo de centenares de argentinos".
Graciela Camaño, del Frente Renovador, la ha definido como "la ley del apriete", y aseguró que el Gobierno pretende utilizarla "como una herramienta de amedrentamiento a la sociedad".
A su vez, otras voces públicas como el conservador Federico Pinedo, de Propuesta Republicana, ha considerado que "denunciar por terrorismo a un quebrado es un discurso para la tribuna". Mientras Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, ha advertido que el Gobierno "pretende barnizar la ley antiterrorista como una ley antibuitre".