MADRID, 27 Jun. (Notimérica) -
A pesar de que las trabajadoras sexuales de América Latina han estado marcadas por el estigma y la discriminación, durante los últimos años han surgido una serie de iniciativas que tratan de dar visibilidad a las dificultades que conlleva la profesión.
Aunque su situación en algunos sitios se encuentra cercana a la alegalidad, en otros, como en Argentina, se tiende a la criminalización de las mujeres que ejercen esta profesión y también de los clientes que demandan los servicios.
En este país, se defiende la doctrina de que "sin clientes no hay trata" y por ese motivo, la Ley de Trata de Personas que se encuentra en vigor ha sancionado a miles de individuos.
Frente al caso argentino, otros países latinoamericanos, como Nicaragua, que cuenta con más de 14.000 trabajadoras sexuales, busca a través de colectivos como la 'Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Girasol' que su trabajo sea reconocido y por lo tanto, que las mujeres tengan acceso a los mismos derechos que el resto de los ciudadanos.
"Nosotras sí damos la cara", comentó Elena Dávila, presidenta de la asociación, que dispone de sedes en toda Latinoamérica. En el caso de Nicaragua, la agrupación fue fundada en 2007 y cuenta con unas 2.300 afiliadas.
Colectivos como la Red de Mujeres Trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) buscan garantizar un trato justo de las mujeres y que los gobiernos establezcan una ley común que reconozca el trabajo sexual en todo el subcontinente.
En 2012, RedTraSex presentó a la Organización de Estados Americanos(OEA) un comunicado que exigía que su profesión fuera formalizada, aunque finalmente no tuvo gran repercusión.
Comprometiéndose a pagar impuestos y a denunciar los abusos laborales, las trabajadoras pedían "tener los mismos derechos que el resto de trabajadores de la región".
EL CASO EN NICARAGUA, UN CASO EXCEPCIONAL.
Además de por la relativa aceptación social de las trabajadoras sexuales nicaragüenses, el caso del país también resulta excepcional ya que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) nombró a un grupo de 18 trabajadoras sexuales como mediadoras judiciales.
De este modo, las mujeres, acostumbradas a lidiar con una serie de conflictos en la calle, serán formadas en Derechos Humanos y resolución de conflictos para poder intervenir en casos leves o más cotidianos.
Por su parte, la productora Camila Films ha mostrado recientemente su interés por realizar una película que recoja cómo es el trabajo de mediadoras judiciales de las trabajadoras sexuales.
EL TRABAJO SEXUAL FUERA DE AMÉRICA LATINA.
Otra de las demandas de las mujeres que se dedican al trabajo sexual es que se regularice también a nivel internacional. Numerosas mujeres latinoamericanas viajan cada año a capitales europeas con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida.
La realidad que encuentran allí es muy distinta a la que les fue prometida: trabajo en prostíbulos y control continúo de los proxenetas.
Los colectivos de trabajadoras sexuales defienden que esa debe ser la prostitución que se persiga por parte de las instituciones y no la que se considera ilegal solo por no estar todavía formalizada.