LIMA, 10 Dic. (Notimérica) -
Las protestas violentas contra minas y otros proyectos de desarrollo a gran escala en Perú se ven respondidas, en ocasiones, con el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, causando graves heridas e incluso la muerte de civiles.
Los avances en las investigaciones judiciales sobre graves violaciones de Derechos Humanos cometidos durante el conflicto armado que concluyó en el año 2000 siguen siendo lentos y limitados.
La organización internacional Human Rights Watch (HMR) en su 'Informe Mundial 2016' enumeró el pasado mes de enero una serie de violaciones a Derechos Humanos en todo el globo, donde la región iberoamericana se ve gravemente afectada.
En concreto, en Perú cabe destacar la muerte a manos de policías de varios manifestantes que se oponen a los proyectos mineros en el país, como el de 'Tía María'. Para determinar cuál es el ambiente en el que se encuentra el país y con motivo de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, retomamos el riguroso estudio de la organización internacional.
ABUSOS Y MUERTES DURANTE PROTESTAS
Durante los primeros nueve meses de 2015, 12 civiles murieron a causa de heridas de bala después de que policías, presuntamente, utilizaran armas de fuego contra manifestantes. Estas muertes se produjeron a pesar de la existencia de un reglamento policial que entró en vigor en enero de 2015, el cual prohíbe que las fuerzas de seguridad utilicen armas letales durante operativos de orden público.
En abril, agentes de la policía atribuyeron pruebas falsas a un manifestante a quien habían detenido por haber participado supuestamente en actos violentos durante una protesta contra actividades de minería en la provincia de peruana de Islay.
Sin embargo, periodistas locales difundieron un vídeo en el que se veía que los policías habían colocado deliberadamente las pruebas, el manifestante tuvo que ser puesto en libertad y el Ministro del Interior anunció que se reemplazaría al responsable del operativo.
Durante un incidente ocurrido en septiembre, la Policía disparó con armas de fuego a manifestantes que se oponían a la minería cuando intentaban ingresar en un campamento minero en la provincia de Cotabambas, durante el cual murieron tres personas.
RENDICIÓN DE CUENTAS
En 2014, entró en vigor una reforma al Código Penal que derogaba disposiciones que supeditaban la impunidad a que los policías emplearan la fuerza letal observando la normativa relevante. La norma viola estándares internacionales que exigen que los funcionarios de seguridad pública apliquen la fuerza con arreglo a los principios de necesidad y proporcionalidad, así como el rendimiento de cuentas cuando haya un uso indebido de la fuerza.
A pesar de esta reforma, en julio de 2015, el Tribunal Constitucional determinó que los tribunales militares no podían juzgar a militares acusados de haber perpetrado abusos contra civiles durante operativos de seguridad pública.
En agosto, el presidente peruano, Ollanta Humala, dictó un decreto que limita el uso de la fuerza por parte de la Policía. El decreto estipula que la Policía únicamente debería emplear la fuerza letal cuando resulte "estrictamente necesario" ante un "peligro real e inminente" de muerte o lesiones graves.
Hasta el momento, no ha sido condenado ningún miembro de las fuerzas de seguridad por los casos de uso excesivo de la fuerza entre 2002 y 2015.
JUICIOS POR ABUSO DEL PASADO
Cerca de 70.000 personas fueron víctimas de desapariciones forzosas o murieron durante el conflicto armado que se desarrolló en Perú entre 1980 y el año 2000. Muchas sufrieron atrocidades por Sendero Luminoso y otros grupos insurgentes.
El expresidente Alberto Fujimori, fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por desapariciones y asesinatos ocurridos entre 1991 y 1992. Desde entonces, la justicia denegó reiteradamente los recursos presentados para que se anulara su condena.
Sin embargo, los tribunales peruanos han logrado avances mucho menos significativos con respecto a los abusos cometidos durante los gobiernos de Fernando Belaúnde (1980-1985) y Alan García (1985-1990).
Hasta noviembre de 2015, solamente cerca del dos por ciento de los casos de violaciones de Derechos Humanos perpetrados durante el conflicto armado llegaron a juicio.
En 2015 se llevó a cabo el quinto año de audiencias judiciales de dos causas emblemáticas: las torturas y desapariciones en la base militar Los Cabitos en Ayacucho en 1983, y la masacre de Accomarca en 1985, donde murieron 62 campesinos a manos de miembros de una unidad del Ejército.
En mayo de 2015, el Ministerio Público reabrió una investigación sobre esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Fujimori. Además, se han denunciado más de 2.000 esterilizaciones forzadas, pero tan solo representan una pequeña fracción de los casos ocurridos.
TORTURA
El Gobierno de Humala no ha cumplido con sus obligaciones internacionales de prevenir la tortura, la cual sigue siendo un problema crónico en el país andino.
En febrero de 2015, el presidente observó un proyecto legislativo promulgado por el Congreso en diciembre del año anterior que habría creado un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, pero Humala señaló que los costes de este mecanismo no habían sido contemplados en el presupuesto nacional de 2015.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En marzo de 2015, dos hombres no identificados efectuaron una serie de disparos contra la sede del canal de televisión local Canal 21, en el municipio de Vista Alegre, provincia de Nazca, pero no hubo heridos. Ante esto, el propietario del canal señaló que el ataque se produjo después de transmitir denuncias de que el alcalde local había realizado amenazas de muerte contra dos residentes del municipio.
Por otro lado, en mayo dos periodistas del canal de televisión 'Cable Visión' señalaron que habían recibido varias amenazas anónimas de que serían detenidos por la policía después de haber informado sobre el uso indebido de la fuerza por policías durante manifestaciones contra el proyecto minero 'Tía María'.
DERECHOS DE LA MUJER
En agosto, la ministra de la mujer informó que habían ocurrido 96 casos de "feminicidio" durante 2014, y dos entre enero y julio de 2015. En septiembre, el Congreso promulgó una ley que contempla medidas exhaustivas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Las mujeres y jóvenes de Perú solamente pueden solicitar abortos en casos de riesgo para su salud o su vida. El Congreso rechazó un proyecto en mayo que habría despenalizado el aborto cuando el embarazo fuera resultado de una violación.
Además, en mayo de 2015, el Congreso rechazó un proyecto que proponía reconocer la unión civil de parejas del mismo sexo.