Por Rodrigo Escribano Roca, Investigador del Instituto Universitario de Estudios Latinoamericanos (IELAT), Universidad de Alcalá (UAH).
MADRID, 16 Mar. (Notimérica) -
"El próximo mes viajaré a Cuba, para hacer avanzar nuestros progresos y esfuerzos, que pueden mejorar las vidas del pueblo Cubano". Este grandilocuente mensaje de Twitter, lanzado el pasado 18 de febrero, anunciaba el viaje sin precedentes que Barack Obama realizará a la isla caribeña a finales de marzo. Desde la publicación del anuncio se han sucedido las dudas sobre lo acertado de la maniobra diplomática.
Dudas que han sido decisivamente alentadas por la retórica de Marco Rubio y Ted Cruz, los candidatos cubano-descendientes del partido republicano, que acusan a la administración Obama de estar reforzando a un régimen dictatorial con el único objeto de glorificar la figura del presidente saliente. Con todo, el ejecutivo estadounidense se ha esforzado en presentar la visita como un paso adelante en la política de deshielo diplomático que comenzó el 17 de diciembre de 2014, con el restablecimiento formal de relaciones diplomáticas tras más de 60 años de incomunicación, tensión y bloqueo.
Notable paradoja que, mientras los gobiernos de sendos países celebran los embrionarios gestos de reconciliación, las consecuencias colaterales de sus acercamientos han tomado la forma de una crisis humanitaria dramática y tangible en Centroamérica: más de 8.000 cubanos (según las imprecisas cifras publicadas por los medios) se encuentran "varados" en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Parece cuanto menos rocambolesco que los dos fenómenos puedan tener relación, pero en el complejo contexto geopolítico de la región, los procesos de movilidad, de violencia y de política internacional se imbrican dando resultados sorprendentes.
En 2013, en un contexto que ya vaticinaba la distensión, la administración castrista dio un giro aperturista a su tradicional política migratoria, eliminando la "tarjeta blanca", es decir, la visa gubernamental necesaria para emprender la salida de la isla. La nueva libertad de movimiento alentó desde un primer momento la partida de un número considerable de migrantes económicos, que se lanzaron en busca de las posibilidades de trabajo del mercado estadounidense.
Sin embargo, ha sido precisamente la reconciliación diplomática con Estados Unidos la que, junto con nuevas flexibilizaciones de las posibilidades de tránsito, ha provocado que durante el último año el número de cubanos en busca de refugio en Estados Unidos se haya incrementado en un 83 por ciento, llegando a los 44.000. ¿La razón? Estos miles de inmigrantes predijeron que la normalización diplomática pondría en peligro la llamada 'Cuban Adjustment Act'. Esta ley, aprobada por el Congreso estadounidense en el año 1966 con el objetivo de alentar la migración de la disidencia política de la isla hacia Miami, concedía a los inmigrantes cubanos un estatus especial, según el cual debían ser aceptados en el país y podían obtener la tarjeta de residencia permanente (Green Card) pasado tan solo un año de su llegada. La ley sigue otorgando hoy día un trato preferencial a los inmigrantes venidos de la isla, considerándolos bajo el estatuto de refugiado político del régimen comunista. Esos miles de migrantes salieron de cuba esperando aprovechar el anacrónico sistema de garantías, nacido de las tensiones de la Guerra Fría. Sin embargo, no todo ha sido tan sencillo. ¿Por qué tantos exiliados "varados" en Costa Rica? Debemos retrotraernos a los años 90, cuando la administración Clinton, tratando de neutralizar el ingente flujo inmigratorio, pero temerosa de perder el apoyo de los votantes de la comunidad cubana del estado de Florida, inició una política conocida como "wet foot, dry foot". Ésta estipula que si los inmigrantes son interceptados en el agua, los guardacostas estadounidenses pueden reenviarlos a Cuba, pero si aparecen por tierra, se les garantiza la entrada con todas las ventajas de la 'Cuban Adjustment Act'.
Precisamente por ello, en lugar de trasladarse por mar, la última oleada de migrantes cubanos ha tenido la necesidad de viajar a Ecuador, país que no exigía visa para la entrada. Desde allí, el objetivo era viajar por tierra a EEUU a través de Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México. A este objetivo se aplicaron miles de familias que, cargadas con sus pertenencias, iniciaron el peligroso tránsito. Sin embargo, la crisis estalló el 13 de noviembre cuando el gobierno nicaragüense, afín a Cuba, cerró su frontera con Costa Rica, denegando el paso y la visa a los desplazados. Allí han quedado subsistiendo durante más de tres meses estos ocho mil cubanos, asentados en barracones y campamentos improvisados, con sus escasos recursos y su fuerza de trabajo como único sustento.
Ya en el mes de octubre Costa Rica comenzó a presionar a los países de la región para solucionar el problema, pero no logró que Nicaragua permitiera cruzar a los "varados". Solo tras extensas negociaciones, Costa Rica logró en diciembre que otros seis países centro-americanos (Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, México y Belice) acordaran el transporte aéreo de los ahora refugiados. El martes 12 del pasado enero el primero de cuarenta y cinco vuelos dejaba Costa Rica llevando a 180 cubanos a El Salvador, éstos cogían buses y viajaban a través de Guatemala y México, donde el gobierno les daba visas temporales con veinte días para viajar al norte por su cuenta y atravesar la frontera con Estados Unidos. Desde entonces se ha desarrollado una lenta operación que, según los datos facilitados por el diario costarricense 'La Nación', el dia 28 de febrero ascendía a unas 2.700 personas quedando unos 2.200 de los casi 8.000 acumulados durante el pasado año. Los migrantes, siguen arribando a distintas ciudades del territorio mexicano y viéndose expuestos a los archiconocidos peligros que comporta cruzar la frontera.
Varias lecciones importantes se pueden extraer del insólito episodio. En primer lugar, que la postura unilateral e intransigente de Nicaragua significa un nuevo fracaso del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) para resolver problemas políticos transnacionales más allá de los intereses particularistas de los Estados. Además, el acuerdo de mínimos tomado por los países centroamericanos no ha contado con dos apoyos que se suponían evidentes en la crisis: Cuba y Estados Unidos. Mientras el deshielo protagonizado por ambas diplomacias continúa bajo la promesa (expresada en la pasada Cumbre de las Américas) de un nuevo horizonte de integración y entendimiento para la región, por ahora los resultados son más retóricos que reales y ambos países permanecen impasibles ante los desplazamientos humanos que el propio proceso diplomático ha provocado. La crisis muestra como en el terreno de la práctica se reproducen lógicas más propias de la guerra fría que de una América abierta, humanitaria e integradora.
La pregunta que muchos se hacen es si el viaje de Barack Obama servirá para negociar temas de relevancia política y geoestratégica, entre los que se encontraría esta sangrante crisis de desplazados, o si quedará en un mero arreglo cosmético. La elección que deberán tomar los futuros gobiernos norteamericanos y cubanos, como presumibles líderes de la región es clara: por un lado, se pueden continuar las lógicas unilaterales, ideologizadas y ciertamente anacrónicas que de año en año llevan a repetir el drama de las emigraciones, las deportaciones y los exilios. Por otro lado, se puede favorecer el multilateralismo en la gestión de estos fenómenos de movilidad, que van más allá de las fronteras nacionales y que dependen de la fortaleza institucional y democrática de todos los países de la región. Para "mejorar las vidas del pueblo cubano" no parece bastar con un estrechamiento de manos. Se rebela necesaria la cooperación intergubernamental y el replanteamiento profundo del problema de las migraciones y de los refugiados a través de una política migratoria común y consensuada.