Denuncia un estado de "predictadura civil" en Panamá donde tanto los defensores de DDHH como los periodistas "están en riesgo"
MURCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El periodista murciano Paco Gómez Nadal que fue expulsado el pasado lunes de Panamá junto a su pareja, la también periodista Pilar Chato, acusados de "instigar y organizar" manifestaciones indígenas contra el Gobierno de Ricardo Martinelli, ha denunciado públicamente que fueron echados después de ser detenidos "con violencia" y ser sometidos a "mucha presión psicológica, obligados, coaccionados y amenazados" para firmar su deportación.
En una rueda de prensa ofrecida en el Colegio de Periodistas de la Región de Murcia, Gómez, que residía desde hace seis años en Panamá, ha anunciado que sus abogados "irán hasta el final" en el terreno legal panameño, aunque ha reconocido que no tienen "ninguna posibilidad". Asimismo, ha anunciado que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
En concreto, Gómez y su compañera cántabra fueron deportados el lunes desde Panamá y llegaron el martes a España "después de un proceso complicado" tras lo que ha denominado "una detención ilegal y violenta el sábado por la tarde" mientras daban cobertura a una protesta indígena contra la Ley que regula la extracción de minerales en este país iberoamericano.
Gómez ha dicho que, en Panamá, desempeñaba el doble papel de periodistas y activista de derechos humanos en la organización Human Rights Everywhere, con la que llevaba años acompañando los procesos indígenas de defensa del territorio. Así, señala que su propósito era dar cobertura a las protestas indígenas y ofrecerles apoyo cuando se produjeran vulneraciones de los derechos humanos.
El periodista, que escribe una columna semanal en el diario de más difusión en Panamá, recuerda que el pasado sábado estaba acompañando a apenas 20 indígenas que estaban cortando una calle, cuando se produjo un operativo con 80 policías, diez de los cuales se abalanzaron sobre él en cuanto le vieron coger una cámara de video para grabar lo que estaba pasando y registrar las posibles violaciones de Derechos Humanos.
En este sentido, critica que el operativo le tuvo como origen a él mismo "según apuntan todas las informaciones y los propios policías". De hecho, recuerda que la Presidencia de Panamá, una hora y media después de la detención, publicó un comunicado diciendo que era el "instigador y organizador de las protestas indígenas en el país".
A su juicio, esto supone "una falta de respeto a los más de 10.000 indígenas movilizados en todo el país y que me daba un poder de movilizar masas que ya quisiera tener".
Así, denuncia que estuvo detenido 48 horas en tres centros diferentes en condiciones que "no son muy cómodas, como dormir en el suelo sobre periódicos, de mucha presión psicológica, de no dejarnos ver a nuestros abogados hasta 24 horas después del arresto y de no poder recibir asistencia consular".
Sin embargo, Gómez dice haberse sentido salvado por la gente, ya que, durante las 48 horas de detención "hubo manifestaciones todo el tiempo en la calle, de movimientos sociales panameños e indígenas, exigiendo nuestra liberación" y ha relatado que fueron liberados la segunda noche "ante la falta de garantías y las arbitrariedades que se habían cometido".
Nada más salir de la celda, Gómez dice que les obligaron a firmar un decreto de migración en el que indicaba que habían tenido derecho a defensa, cosa que ha tachado como "absolutamente falsa". Así, denuncia que fueron "obligados y coaccionados con policías y amenazados con que si ellos no lo firmaban lo firmarían los agentes en su lugar".
Ante esta falta de garantías, Gómez negoció una deportación voluntaria, al considerar que la única manera de actuar era defenderse desde fuera.
"PREDICTADURA CIVIL"
Precisamente, Gómez reconoce estar entregado a la labor de denunciar "la persecución política" a la que se ha visto expuesto en Panamá, donde han "desmantelado" su casa y las pertenencias que tenía, que le obligaron a recoger en 45 minutos antes de ser expulsado.
Asimismo, ha informado que se trata de un tema que "queda muy lejos en España pero que es fundamental porque está en juego el modelo extractivo de minería, de hidroeléctricas y petróleo en confrontación al modelo tradicional de los pueblos indígenas que quieren tener derecho a mantenerlo".
En este sentido, ha dicho que el Ejecutivo que preside Panamá desde hace unos dos años, con Ricardo Martinelli al frente, tuvo desde el principio "una relación muy difícil con los medios de comunicación, con persecuciones y encarcelamientos".
Gómez ha señalado que es un gobierno "de empresarios que, de hecho, presume de ser el único gobierno de empresarios que dirige un país". De hecho, critica que, en el último año, empresarios cercanos al Gobierno "han comprado tres de los principales periódicos del país, una cadena de televisión y varias emisoras de radio, lo que es una técnica de censura".
Igualmente, ha denunciado "la persecución a periodistas individuales, con detenciones, intimidaciones y amenazas". Además, cuentan con una ley denominada "Ley Mordaza", e incluso, el Parlamento ha llegado a debatir una propuesta para penalizar cualquier insulto a un funcionario público en un medio de comunicación, que tuvieron que retirar por la presión internacional".
Tras su expulsión el pasado sábado, Gómez dice que "en Panamá sólo quedan periodistas nacionales, muy pocos extranjeros, y están en riesgo", según Gómez, quien ha pedido colaboración y ayuda "para visibilizar la situación de un país pequeñito que no importa a mucha gente y suena muy amable, pero donde se está en un estado de predictadura civil donde tanto los defensores de derechos humanos como los periodistas están en riesgo".
REIVINDICACIÓN INDÍGENA
El periodista ha lamentado la situación en la que viven las comunidades indígenas, que suponen el 12 por ciento de la población. Así, ha recordado que una de las etnias se ha movilizado contra la Ley que reformaba el código de extracción de minerales, y que "abre la puerta a la extracción sin ningún tipo de cortapisas y sin ninguna consulta: todo para destinar la materia prima al primer mundo, China e India".
Tras la detención del periodista murciano y de su compañera cántabra, la coordinadora indígena que encabeza las reivindicaciones incluyó en su pliego de condiciones, con el que negocia con el Gobierno panameño, la liberación de ambos en segundo lugar, tras el punto que mencionaba la derogación de la Ley.
Finalmente, el Gobierno decidió derogar este jueves la Ley, un hecho por el que Gómez se ha felicitado. De hecho, los grupos indígenas "nos recuerdan que nuestra detención y posterior expulsión ha servido para algo".
No obstante, Gómez ha mostrado su disgusto con el Gobierno español, ya que "no ha escrito una nota de protesta formal, que es lo mínimo que podría hacer". Asimismo, ha denunciado "la falta de reacción de algunos gremios periodísticos y de algunos medios en España", y se ha preguntado "qué hubiera pasado si nos hubieran echado de Venezuela, de Bolivia o de Cuba".
A su juicio, el problema es "de prejuicios y de intereses económicos, porque en Panamá hay intereses poderosísimos de las empresas españolas e, incluso, el ministro de Fomento, José Blanco, estuvo hace una semana allí diciendo que era un país absolutamente ideal, claro que lo dijo desde un hotel de cinco estrellas".
Con todo, ha destacado el apoyo "impresionante de la sociedad civil organizada en Panamá y de las organizaciones periodísticas internacionales, como Periodistas Sin Fronteras, que se pusieron al frente desde el primer momento, siendo combativos, así como el apoyo del Consejo para la Protección de los Periodistas con sede en Washington y la Coordinadora para la Justicia Internacional".