El programa que empezó en 2008 hace aguas por la resistencia del tráfico y la violencia policial
RÍO DE JANEIRO, 19 Abr. (Notimérica) -
La 'pacificación' de los cientos de favelas que existen en Río de Janeiro está en riesgo: así es como se llama al ambicioso plan de para expulsar al narcotráfico que el Estado de Río puso en marcha en 2008 y que ahora se encuentra cuestionado desde todos los frentes por el repunte de las muertes y por la cruda violencia policial.
La alarma social y mediática volvió a sonar el pasado 2 de abril, cuando el niño Eduardo de Jesus Ferreira, de diez años, murió de un tiro en la cabeza cuando jugaba en la puerta de su casa, en una de las favelas del Complexo do Alemão.
La familia y los vecinos culparon rápidamente a los agentes, versión que fue confirmada poco después por la propia Policía Militar; el tiro salió de un fusil de los que en principio tienen la misión de proteger a los habitantes de los peligros del narcotráfico.
Con esa muerte renació el debate en torno al futuro de la Unidades de Policía Pacificadora UPP), que al principio dieron buenos resultados y concentraron muchas esperanzas: en las favelas donde se instalaron estas mini comisarías los homicidios disminuyeron un 75% y el número de robos un 50%, según datos del Instituto de Seguridad Pública (ISP).
Pero últimamente no paran de repetirse tiroteos, muertes de policías, narcotraficantes y personas inocentes afectadas por las llamadas 'balas perdidas'.
También se han registrado denuncias de tortura y violaciones por parte de la Policía Militar, que se ha ganado la desconfianza de la mayoría de vecinos.
AMARILDO, UN SÍMBOLO
Y es que desde hace aproximadamente dos años, la pacificación "está en crisis", según reconoce el sociólogo Igancio Cano, coordinador del Laboratorio de Análisis de la Violencia (LAV) de la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ).
Un punto determinante fue el 'caso Amarildo'. Este albañil de la favela de Rocinha 'desapareció' después de ser llevado a testificar en comisaría. Poco después, 25 policías fueron acusados de tortura, ocultación de cadáver, fraude procesual y formación de cuadrilla.
El escándalo por la muerte de Amarildo coincidió con las protestas que sacudieron Brasil en 2013 y dieron mucha visibilidad a los abusos que la Policía comete en las favelas. Más recientemente, en abril de 2014, el bailarín Douglas Rafael de Silva Pereira, más conocido como 'DG' por su participación en un programa de televisión, murió baleado por la espalda en un tiroteo en la favela de Pavão-Pavaozinho, junto a la playa de Copacabana.
Seis policías fueron procesados por falso testimonio y homicidio doloso. Para Cano, estos casos ejemplifican el "desgaste" del proyecto, pero asegura que tienen mucha repercusión mediática porque suceden en áreas supuestamente 'pacificadas'.
La periferia de Río está plagada de casos así que no saltan a los titulares de la prensa, lamenta. En cualquier caso, los repetidos casos de violencia policial han provocado el rechazo de los habitantes de las favelas.
"Fuera UPP", "Contra el genocidio de la juventud en las favelas", eran algunos de los lemas de una de las manifestaciones en repulsa por la muerte del niño del Complexo do Alemão. Para Cano, el programa de pacificación ha fallado al quedarse en la primera fase: la policía ha entrado en territorio hostil, pero no ha trabajado la relación con los vecinos, que en algunas ocasiones hasta sienten nostalgia de los tiempos en los que eran los traficantes los que se encargaban de la seguridad.
"No ha habido un cambio de doctrina, no ha habido una institucionalización de las relaciones entre los habitantes y la Policía. El comandante que es más próximo conversa más, y el que no, no", critica Cano, porque así se crean desajustes y la gobernabilidad de las favelas depende libre criterio de cada policía, sin unas normas consensuadas a las que ceñirse.
Pero al desgaste del programa de pacificación también han contribuido las malas condiciones de trabajo de los policías: de las 38 UPPs que hay en Río tan sólo 17 son edificios de ladrillo; el resto son contenedores de mercancías en los que se improvisan comisarías. Los policías, muchos de ellos jóvenes sin experiencia, apenas reciben un entrenamiento de dos semanas y están mal pagados. La mayoría no quieren trabajar en UPPs.
HOTELES ANTES QUE ALCANTARILLAS
Además, el Estado prometió la 'pacificación' como un primer paso necesario para que estas zonas abandonadas por el poder público empezaran a recibir servicios básicos: desde alcantarillado a escuelas públicas, guarderías, centros de salud y equipamientos culturales. En la mayoría de casos, nada de eso ha ocurrido.
Pero entre todas las causas del debilitamiento del programa, Cano resalta que el criterio principal para la pacificación ha sido la intención de convertir a Río de Janeiro "en un centro internacional turístico".
Por eso las primeras comunidades en las que entró la policía fueron las de la zona sur, cercanas a los barrios de clase media repletos de hoteles, como Copacabana e Ipanema. Muchas de esas favelas están ahora repletas de bares y pequeños hoteles para turistas, con alquileres por las nubes y con la vista puesta en los Juegos Olímpicos del año que viene.
Ante los signos de desgaste, la Secretaria de Seguridad ha decidido frenar la expansión automática de las UPPs, intentando consolidar las que ya existen, y recientemente el Gobernador del Estado, Luiz Fernando Pezão, aseguró que no reculará porque nunca creyó en la "utopía" de que el problema de la violencia en Río se resolvería en ocho o en diez años.
Mientras tanto, los 1,3 millones de cariocas que viven en favelas --el 22% de la población de Río--, exigen de forma cada vez más vehemente dejar de ser tratados como ciudadanos de segunda y tener acceso a los servicios públicos más urgentes. "Si no es así, el día que la Policía se vaya todo volverá a empezar", avisa Cano.