CIUDAD DE GUATEMALA, 26 Feb. (Notimérica) -
El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina renunció a su cargo en septiembre, después de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo implicara en el caso 'La Línea', un caso de fraude fiscal en el que tanto el presidente como la vicepresidenta Roxana Baldetti están presuntamente implicados en casos de corrupción.
Los esfuerzos de Guatemala por promover la justicia por atrocidades de Derechos Humanos cometidas contra la guerra civil (1960-1996) han tenido resultados mixtos. A pesar del impulso por parte del Ministerio Público de varios casos resonantes, la gran mayoría de las víctimas no han obtenido justicia.
La Organización internacional Human Rights Watch (HRW) ha presentado su 'Informe Mundial 2016', en el que se publica el análisis anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, donde se han analizado más de 90 países y territorios de todo el globo.
A pesar de su análisis a nivel global, llama la atención el caso de Guatemala, donde la violencia y extorsión por parte de poderosas organizaciones delictivas siguen estando extendidas.
-JUICIOS POR VIOLACIONES DE DDHH EN EL PASADO
En mayo de 2013, el expresidente Efraín Ríos Montt fue condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad. En agosto de 2015, un tribunal de primera instancia declaró a Ríos Montt incompetente para enfrentar un nuevo juicio y dispuso que debía ser representado por sus abogados en un procedimiento especial a puertas cerradas, que estaba previsto que comenzara este enero.
Además de impulsar la causa contra Ríos Montt, el Ministerio Público ha impulsado en los últimos años la condena a varios otros miembors de las fuerzas de seguridad por crímenes perpetrados durante la guerra, que constituyeron violaciones de Derechos Humanos.
Cinco miembros de las fuerzas especiales del Ejército recibieron severas penas de prisión por su participación en la masacre de Dos Erres en 1982, en la cual murieron más de 250 personas, y el exjefe de la Policía Nacional Héctor Bol de la Cruz recibió una pena de 40años por ordenar la desaparición de un estudiante activista en 1984.
Asimismo, en enero de 2015 el exjefe de Policía Pedro García Arredondo fue condenado a 90 años de cárcel por una incursión en la embajada española en 1980, donde murieron 37 personas quemadas.
En octubre de 2015, el poder judicial guatemalteco inauguró un tercer "tribunal de alto riesgo" que se ocuparía de casos de graves delitos, como genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
-SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
La violencia y la extorsión por parte de poderosas organizaciones delictivas siguen siendo extendidas en Guatemala. La corrupción en el sistema judicial, sumada a hechos de intimidación contra jueces y fiscales, contribuye a que haya altos niveles de impunidad. La violencia de pandillas es además uno de los principales factores que motivan a numerosas personas, incluidos jóvenes no acompañados, a irse del país.
A pesar de estos problemas, los fiscales han conseguido avanzar en casos de delitos violentos, así como en casos de ejecuciones extrajudiciales y corrupción, debido en gran parte al apoyo que la Fiscalía General ha recibido de la CICIG.
-ATAQUES CONTRA DEFENSORES DE DDHH, PERIODISTAS Y SINDICALISTAS
HRW alerta de la persistencia de actos de violencia e intimidación contra defensores de Derechos Humanos, periodistas y sindicalistas. Según datos de la Confederación sindical Internacional, más de 70 sindicalistas fueron asesinados entre 2004 y 2015.
Asimismo, entre enero y marzo de 2015, 20 periodistas sufrieron ataques, y en marzo dos periodistas murieron por disparos efectuados por dos agresores no identificados en Mazatenango, Suchitepéquez.