MÉXICO, 5 Mar (Notimérica/Notimex) -
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha denunciado que un total de 48 de los 109 centros penitenciarios de baja capacidad que posee México afrontan problemas de hacinamiento y niveles de sobrepoblación crítica, algo que supera su capacidad operativa e impide garantizar el cumplimiento mínimo de las normas reguladoras de la vida en prisión.
Además, la entidad ha indicado que propicia un ambiente inadecuado para el éxito de su función que debiera traducirse, cuando menos, en otorgar condiciones de estancia digna y derecho a la reinserción social.
Por ello, se ha emitido el Informe Especial sobre los Centros de Reclusión de Baja Capacidad Instalada en la República Mexicana, dirigido a los gobiernos de los estados, al Gobierno de la Ciudad de México y al comisionado nacional de Seguridad.
En un comunicado, la CNDH ha destacado que en el país suman en total 358 establecimientos penitenciarios con 204.617 personas privadas de la libertad, de las cuales 13.177 están albergadas en los referidos 109 centros con capacidad menor a 250 espacios dependientes de las autoridades estatales.
Asimismo, ha indicado que estos últimos carecen en su mayoría de infraestructura mínima para desarrollar un buen régimen penitenciario. Mientras que aquellos con sobrepoblación están ubicados en Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Tabasco y Veracruz.
El Informe Especial deja claro que tales deficiencias son susceptibles de corrección, por lo que debe desarrollarse una política de armonización de los inmuebles con las exigencias que se derivan de poner en marcha un buen régimen.
Ante ello, la CNDH ha solicitado a los destinatarios del Informe Especial desarrollar acciones efectivas para mejorar la infraestructura y aumentar la capacidad de dichos centros. De igual forma, desarrollar obras de infraestructura penitenciaria de baja capacidad en su caso y establecer programas de dignificación penitenciaria enfocados a proporcionar mantenimiento y mejora permanente a la estructura.
Además, mejorar el equipamiento de los centros para garantizar la clasificación de la población, seguridad, salud, deporte, educación, trabajo y capacitación para el mismo.
También, ha solicitado a más autoridades implementar programas para el desarrollo de modelos para centros penitenciarios de baja capacidad instalada y programas de mitigación para operar las instalaciones penitenciarias.
Otras acciones son establecer programas de clasificación bajo los criterios constitucionales e instrumentos internacionales, así como dotar a las áreas encargadas del sistema penitenciario de los recursos financieros indispensables.